BUENOS AIRES, 21 de agosto (apro).- Carlos Menem asusta desde el silencio. La defensa del expresidente argentino solicitó al tribunal que lo juzga por encubrir a los autores del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que lo releve del secreto de Estado. Advirtió, sin embargo, que si Menem finalmente declara, sus dichos podrían “afectar los intereses de la nación” y la “convivencia pacífica con otros países”. El exmandatario, que el 13 de agosto había alegado problemas de salud a fin de no comparecer ante el Tribunal Oral Federal 2, tampoco se prestó a la indagatoria por videoconferencia, el jueves 20, tal como estaba previsto. La voladura de la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994, durante la primera presidencia de Menem (1989-1995). Dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

El exmandatario tiene 85 años y en la actualidad se desempeña como senador nacional. La justicia no puede obligarlo a comparecer debido a sus fueros. Menem comparte el banquillo con otros 12 acusados. La gigantesca trama de encubrimiento que se les imputa incluye el desvío intencional de la investigación del atentado, la destrucción de evidencias para proteger a sospechosos, la construcción de pruebas y el pago de sobornos para propagar acusaciones falsas, la apropiación y el uso indebido de fondos públicos. Entre los acusados figura el primer juez de la causa, Juan José Galeano, el entonces jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el excomisario Jorge Palacios, y el máximo dirigente de la comunidad judía argentina en ese entonces, Rubén Beraja.