ANÁLISIS / CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ahora sí, como muchos temían y algunos presagiaban. México convirtiéndose en el patio trasero de Estados Unidos. El lugar donde se lavará la ropa sucia, se tenderán los trapos, se tirará la basura, se colocará un alambre de púas para defender el vecindario norteamericano de la amenaza centroamericana. Donald Trump ya no tendrá que preocuparse por construir y financiar su muro; México se ha erigido en él. Seremos la barrera entre los inmigrantes y un presidente que los presenta como una amenaza de seguridad nacional.

Seremos los encargados de cazar, detener, deportar y frenar a todos los que transitan por aquí, en búsqueda de la seguridad y las oportunidades que no encuentran en su propio país. Haremos con los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos lo que Estados Unidos hace con nuestros migrantes: criminalizarlos y perseguirlos. Y al aceptar este nuevo trato, quizás salvemos el libre comercio pero a costa de la congruencia y la dignidad.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El presidente se ve exultante, montado sobre la camioneta de las Fuerzas Armadas mientras recorre la base militar de Santa Lucía. A su lado, acompañándolo, están los titulares de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Función Pública. Sonríe, saluda, y anuncia que en unos días se colocará la primera piedra del nuevo aeropuerto ahí. La fotografía que consagra el momento para la posteridad también refleja todo lo que está mal con el proyecto y por qué preocupa tanto su realización. Santa Lucía tiene serias deficiencias que no han sido lo suficientemente discutidas, analizadas y tomadas en cuenta por un gobierno que presume el aeropuerto como una magna creación. Ejemplifica errores que ya se cometieron y fueron costosos. Engloba la mala manera de planear y ejecutar la obra pública. Evidencia cómo el gobierno se equivoca y acaba pasándoles la factura a los ciudadanos.

Desde el momento en que se propuso como alternativa, los problemas eran evidentes y fueron señalados una y otra vez. Lo hizo el centro de investigación Mitre, que asesora a diversos organismos y autoridades de aviación. Lo hicieron las aerolíneas nacionales y extranjeras que utilizan el aeropuerto actual. Lo subrayó la Asociación de Pilotos Aviadores de México. Generaría una innecesaria complejidad en cuanto a operación y podría resultar en el “embotellamiento” del tráfico aéreo, sin resolver la saturación del actual sistema aeroportuario. La viabilidad de operación simultánea con el aeropuerto actual no ha sido probada y se ha quedado en un simple plan conceptual. La orografía de la capital mexicana no se presta a dos aeropuertos y la comparación con ciudades como Nueva York ni es válida. Y ese sólo es el principio.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Tren Maya, la gran apuesta de la Cuarta Transformación. El sueño sexenal de Andrés Manuel López Obrador. La obra que atraerá turismo, detonará el crecimiento, promoverá la inversión, creará empleo, dejará una huella perdurable y positiva. Eso nos dicen, eso nos cuentan, eso quisiéramos creer. Pero hasta el momento, apoyar la obra tal y como está planteada no es un acto de racionalidad; es un acto de fe. A la población y a quienes proveerán la inversión se les está pidiendo cerrar los ojos, persignarse y rezar. Porque no hay elementos o evidencia que constaten la viabilidad o el impacto ambiental o los augurios esperanzadores que el gobierno subraya. Hasta hoy, el Tren Maya es una promesa paradisiaca, no un proyecto realista.

Así lo revela el estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Un texto profesional, de lectura imprescindible por lo que revela, por los retos que retrata, por los desafíos que el gobierno necesita encarar. Ahí están los datos y la evidencia. Ahí están las comparaciones a nivel internacional. Y el objetivo del análisis no es asumir una postura adversarial vis a vis la nueva administración; busca que no repita los errores del pasado.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Andrés Manuel López Obrador dice una y otra vez que jamás traicionará. Jamás romperá su palabra, incumplirá lo ofrecido, tomará una decisión que afecte negativamente a la democracia. Y sin embargo lo hace constantemente, como lo demostró la postulación de Yasmín Esquivel a la Suprema Corte. La Ministra Contratista. La esposa de su asesor favorito. La magistrada conservadora impulsada por un gobierno que se dice progresista. La mujer a la cual se le ha criticado legítimamente por una trayectoria caracterizada por conflictos de interés. Con su designación, AMLO le cumple a Rioboó pero no a quienes votaron por él. Prometió que no seleccionaría a ministros de la Corte como lo había hecho Peña Nieto, pero acabó emulándolo.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– Andrés Manuel López Obrador usa una fórmula políticamente exitosa para gobernar. Edifica enemigos, identifica adversarios, denuesta a quienes lo cuestionan y los tilda de oposición. Son “conservadores”, buscan “poner trabas”, quieren que su gobierno fracase. Y en ese mismo saco de saboteadores ha colocado a la sociedad civil; ese extraño enemigo cuyo activismo allanó el camino para que su movimiento llegara a la Presidencia y al poder. Ese enemigo que no debería ser considerado como tal ya que suele estar asociado con demandas históricas de mayor libertad. Desde la Ilustración, pasando por Thomas Paine, Gramsci y Hegel, el concepto de “sociedad civil” denota un ámbito paralelo pero separado del Estado; un lugar donde los ciudadanos se organizan de acuerdo a sus propios intereses y deseos.

En México y en el mundo, la sociedad civil –heterogénea, variopinta y plural– ha impulsado transiciones democráticas, ha promovido el cambio político y social, ha abanderado causas que los partidos ignoran. Forma parte de esfuerzos históricos para profundizar y ampliar la democracia, la cual requiere instituciones autónomas para contener el poder del Estado mismo. Y eso es lo que motiva las siguientes reflexiones en su defensa:

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿No habían prometido la separación entre el poder político y el poder económico? ¿No iban a desmantelar la mafia en el poder? ¿No iban a ir tras quienes han expoliado a México con la complicidad y la anuencia del gobierno? Esas eran las promesas de AMLO que muchos creyeron. Esas eran las posturas de la Cuarta Transformación por las que muchas votaron. Y por ello el desconcierto de tantos ante la decisión de empoderar, arropar y darle más negocios a Ricardo Salinas Pliego. Sí, el que se apropió ilegalmente del Cerro del Chiquihuite y el Canal 40. Sí, el demandado en Estados Unidos por las autoridades financieras ante el incumplimiento de sus obligaciones con accionistas minoritarios. Sí, el que recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para comprar Televisión Azteca. El miembro más emblemático del capitalismo de cuates que AMLO se comprometió a combatir.

Pero en lugar de ser investigado será encumbrado. En vez de ser acotado, será apuntalado. Es miembro del Consejo Asesor empresarial del nuevo gobierno que usará para abrirse nuevas oportunidades de negocios. Estará acompañado ahí por otros –como Olegario Vázquez Raña y Carlos Hank Rhon– conocidos por sus prácticas rentistas y oligopólicas. Ahora, por “invitación directa y sin contrato de por medio”, AMLO ha decidido que Banco Azteca sea el encargado de repartir las Tarjetas del Bienestar. Así nada más. Sin licitación transparente. Sin concurso público. Sin aval normativo, ya que esa asignación discrecional no es un mecanismo legal, por más que la Secretaría de Hacienda argumente que “no hay licitación porque los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones”. La SHCP abusa al interpretar la legislación de esa manera. En efecto, para el pago de la nómina de los servidores públicos no se licita para elegir un banco; los usuarios deciden en qué banco se deposita su sueldo. Tienen la opción de elegir, como deberían tenerla en este caso. La decisión de darle el contrato a Banco Azteca es un decisión política y discrecional, y de esa manera debería interpretarse.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Tantas formas de saquear a Pemex. Tantas maneras de ordeñar y huachicolear desde hace décadas. La gran empresa nacional –“de todos los mexicanos”– usada como caja chica y caja fuerte por presidentes y directores y contratistas y líderes sindicales y criminales dentro del gobierno y fuera de él. Empresa nacionalizada y privatizada, saqueada y exprimida, concebida y asesinada, como escribe Ana Lilia Pérez en el libro Pemex RIP. Expoliada para proveer más de 40% del presupuesto público, para financiar el gasto corriente, para construir emporios privados, para comprar elecciones presidenciales, para apuntalar gubernaturas y rescatar compañías quebradas de los cuates. El oro negro que produjo manos manchadas. El patrimonio de los mexicanos, mal utilizado, despilfarrado, estropeado. Y los responsables tienen nombre y apellido. Pululan impunes y perdonados cuando deberían ser investigados y sancionados.