El martes 18 la Suprema Corte declaró inválida la reforma que el presidente López Obrador promulgó en septiembre último para formalizar la militarización de la Guardia Nacional. Ahora su gobierno está obligado a regresar el control administrativo de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero eso no es todo, en los siguientes días se perfila en la Corte la aprobación de más restricciones para las facultades del cuerpo de seguridad pública.