Ciudad de México (Proceso).– El actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se creó en enero de 1937 como Tribunal Fiscal de la Federación y de esa fecha al día de hoy tanto su naturaleza jurídica –pasó de depender del Poder Ejecutivo a ser actualmente un organismo autónomo constitucional– como sus atribuciones, de atender únicamente asuntos de orden fiscal a tener competencia para dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares.

Hay en proceso una reforma a la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional que resulta preocupante. Veamos.

Ciudad de México (Proceso).– El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana en las más recientes décadas habían venido jugando un papel de subsidiaridad de las autoridades civiles en emergencias por desastres naturales, en las campañas de vacunación y en otras actividades de naturaleza social, circunstancia que permeó en el ánimo colectivo y, por esa razón, hacerse de una importante confianza en la opinión pública.

Las cosas, ahora, empero han ido cambiando. Veamos.

El papel de los medios en un régimen democrático reside, por definición, en informar de manera veraz y formar opinión pública a la luz de las más distintas visiones políticas e ideológicas que dan vida al pluralismo.

En México el cambio de régimen no ha traído las mejores noticias para la prensa y el impacto del covid-19 tampoco conmovió al poder público en su relación con los medios, como sí ha sucedido en países de democracias consolidades o en vías de serlo.

Ciudad de México (Proceso).– Hoy en día la libertad de expresión en su vertiente legal enfrenta nuevos desafíos que reclaman medidas legislativas, adopción de estrategias de litigio e internalización entre medios, periodistas y la sociedad de los alcances y los límites de esta prerrogativa que habilita el ejercicio periodístico en una democracia.

Veamos.

Ciudad de México (Proceso).– Ha trascendido que el próximo 5 de septiembre está previsto el debate sobre la pertinencia o no de preservar la prisión preventiva oficiosa, actualmente prevista en el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Electorales; y en el 5º, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional en relación con el artículo 19, segundo párrafo, último enunciado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El tema es, sin duda, de un robusto interés público.

Ciudad de México (Proceso).– Un prerrequisito fundamental de una democracia es la existencia de un robusto estado de derecho, de un sistema de normas jurídicas que establezca derechos y obligaciones por las instituciones con atribuciones para ello y donde haya una razonable identidad entre lo establecido como debido y los hechos efectivamente acaecidos.

En México, en sus grandes trazos, sigue existiendo un estado de derecho con fallas e insuficiencias, pero con vías para que su existencia no perezca. El reto central ahora, de cara al proceso electoral de 2024, es una cuestión que pasa por el estado de derecho.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ni duda cabe: con el presidente Andrés Manuel López Obrador se sabía que las cosas serían muy distintas a las del pasado inmediato y qué bueno que fuera así, porque había amplísimas ventanas de oportunidad. Lo ideal hubiera sido entrar en un proceso de transición, no en una ruptura de un día a otro donde primó la visión política personal sobre el interés público, como día con día va quedando claro con datos duros.

Veamos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es difícil no tomar postura sobre las singulares declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carmen Aristegui y su quehacer periodístico, que son inéditas y reclaman un análisis puntual.

Veamos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pez por su boca muere dice el adagio popular. El reportaje inicial de Mexicanos contra la Corrupción y Loret de Mola lo califiqué de falta de interés público cuando se publicó por cuanto a su contenido. Las cosas han cambiado en los días subsiguientes por nuevos elementos no invocados en esa primera entrega y que han ido surgiendo en buena medida por los hallazgos periodísticos posteriores, así como el deplorable manejo de crisis del presidente López Obrador y su hijo José Ramón López Beltrán. Veamos.

Primero. En redes José Ramón López Beltrán dice que tiene visa de trabajo como “asesor legal” de una empresa privada en los Estados Unidos de América. No hay que indagar mucho para saber que López Beltrán que no tiene estudios superiores a la licenciatura en México, que no cuenta con la aprobación del examen de la Barra de Abogados de Texas para ejercer como abogado. ¿Cuál sería el incentivo de una empresa para contratar un abogado no especializado y para tramitarle su visa de trabajo para trabajar en asuntos domésticos propios del quehacer jurídico en Texas y en los Estados Unidos? No es el caso, el propio hijo del presidente reconoció que desde el 2020 trabaja en la empresa KEI Partners cuyos intereses no están en el mercado norteamericano, sino en México.  No se trata, pues, de un despacho jurídico o de una empresa que única y exclusivamente se dedica a cuestiones domésticas en EUA, alejadas por entero de México. ¿Es posible pensar que haya sido contratado aprovechando sus relaciones, aunque no esté trabajando directamente en el gobierno mexicano, si no fuera hijo del presidente mexicano dadas sus pocas credenciales académicas y profesionales hasta donde se sabe? ¿O podría ser que la empresa que requirió sus servicios, con razón o sin ella, considere que es una buena estrategia de acercamiento con el gobierno mexicano o con algunos servidores públicos clave del mismo? Quizá lo mejor hubiera sido que su esposa como ciudadana norteamericana le hubiera conseguido la residencia sin meterse en un embrollo que, se advierte, tiene más problemas por venir. Qué necesidad.