ANÁLISIS / CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 14 de septiembre, en el Centro Cultural Tlatelolco, durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el que los colectivos de víctimas le propusimos a Andrés Manuel López Obrador la agenda de justicia transicional, el entonces presidente electo dijo a manera de conclusión: “Yo les digo, por lo que corresponde a mi responsabilidad, y lo voy hacer ya en el momento en que llegue a la Presidencia, voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. No sólo voy a pedir perdón, voy a comprometerme a que va a haber justicia en lo que humanamente está de mi parte. No están solos (…)”. 

Ningún presidente antes de López Obrador había asumido esa responsabilidad de Estado. Esas palabras, en un México profundamente adolorido y victimizado, y en el marco de los 50 años de la masacre del 68, marcó una honda diferencia: teníamos frente a nosotros, por fin, a un estadista que tomaría en sus manos la agenda fundamental del país: la de la justicia a las víctimas que lleva a la paz, sin las cuales México permanecerá en el infierno.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Querido Andrés Manuel:

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Max Weber decía que los dos grandes pecados del político son la vanidad y la irresponsabilidad, dos vicios que anuncian grandes catástrofes. Por desgracia, los candidatos a la Presidencia de la República parecen poseerlos en grados patológicos y exhibirlos sin pudor alguno cuando hablan de violencia e inseguridad.

A pesar de los niveles de horror que México ha alcanzado en esa materia, ninguno de los cuatro parece preocuparse por ellos más allá de lo que les preocuparía salir a pasear en un día lluvioso: una pequeña contingencia cuya confianza en sí mismos no pueda superar. Esta arrogancia se traduce en actitudes cada vez más irresponsables que, lejos de abonar a la paz y a la justicia, auguran una mayor escalada de la violencia y la inseguridad.

Para Rafa Landerreche, con quien tanto quise y a quien tanto extraño.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Hace más de tres años, en un artículo intitulado “La desmemoria de la velocidad” (La Jornada Semanal 1019) escribía que ciertas enfermedades son símbolos de enfermedades sociales y que, quizá, la que hoy mejor nos representa en su horror sea el alzheimer: el olvido de ser, la pérdida de la memoria que es, a su vez, la pérdida del presente y del futuro, la desorientación absoluta. Si lo recuerdo es porque la velocidad de los medios de comunicación nos ha hecho entrar en un alzheimer social.

A principios del siglo XX Charles Péguy, uno de los más altos escritores espirituales de Francia, escribía con asombro y espanto: “Nada es más viejo que el periódico de ayer”. Un siglo después habría que decir que nada es más viejo que el Twitter de hace dos minutos. La velocidad, al igual que sucede con el alzheimer, no sólo desplaza el ayer, desplaza el instante presente convertido en ayer, sumergiéndonos en la vertiginosidad del caos: un mundo sin relaciones ni vínculos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En sentido estricto, el estado de excepción, dice Giorgio Agamben, “es la respuesta inmediata del poder del Estado a los conflictos internos más extremos”. Desde que al inicio de su mandato Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y, definiendo al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, decretó la guerra contra él, instauró esa excepcionalidad en nuestro país y con ella una guerra civil que al día de hoy no sólo ha cobrado centenas de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados, sino que de facto nos ha desposeído de nuestras libertades personales: pese a que nuestros derechos están vigentes en la Constitución, en la realidad carecemos de ellos: desde hace 12 años se asesina, se extorsiona, se desparece a las personas y reina el terror, bajo la complicidad del Estado con los grandes intereses económicos, sean ilegales –los del narcotráfico y el crimen organizado– o legales –los de las grandes trasnacionales.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior –ya aprobada por el Congreso– no tiene otra finalidad que legalizar ese estado de excepción, como lo hizo Hitler al inicio de su gobierno con su Decreto para la protección del pueblo y del Estado, y, con ello, legalizar también la guerra civil, a fin de darle una justificación jurídica a lo que en el orden de la legitimidad no puede tener forma legal: la eliminación física tanto de los enemigos –en este caso el crimen organizado– como –bajo el pretexto del “orden y la paz públicos”– de adversarios políticos peligrosos para el régimen y de franjas enteras de ciudadanos que no son funcionales o integrables al proyecto económico neoliberal: pobres, migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas incómodos o simplemente cualquiera, como no deja de suceder cada día en México.

CUERNAVACA, Mor. (proceso).- Democracia se ha convertido en una palabra amiba: carece de contornos. Ha servido lo mismo para justificar el fraude electoral del Estado de México y las corrupciones de las partidocracias, que para exaltarla como la mejor forma de gobierno. En nombre de ella, los revolucionarios franceses levantaron la guillotina y Escocia logró su independencia.