CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma al Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que le restaba atribuciones al presidente del organismo y facultaba al Pleno para realizar nombramientos directos y sin consulta previa de los altos mandos del organismo, así como para aprobar su remoción inmediata.

El cambio fue aprobado en una sesión extraordinaria por el Pleno del IFT, celebrada el 25 de septiembre de 2020, con el voto a favor de cinco de los seis comisionados, bajo el argumento de que el actual titular del organismo, Adolfo Cuevas Teja, solo era presidente interino, debido a que no fue nombrado de forma directa por el Senado de la República.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal rechazó que el actual Fiscal del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Trejo Gómez, se encuentre legalmente impedido para desempeñar ese cargo por su labor previa como Secretario Ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para auxiliar a las autoridades mexicanas en las investigaciones para esclarecer el secuestro y desaparición de 43 estudiantes normalistas, crimen ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.

Al negar un juicio de amparo de forma definitiva al exirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien ha solicitado refugio en Israel, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en el Estado de México, resolvió que las labores del actual titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Trejo Gómez, como Secretario Ejecutivo del GIEI solo se dedicaba a auxiliar a los expertos designados por la CIDH para el esclarecimiento del caso.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) cancelar en un plazo máximo de 24 horas la llamada “ficha roja” que había emitido un Ministerio Público de la Federación para la localización y captura del empresario José Kamel Nacif Borge.

La cancelación de la “ficha roja” se deriva del amparo definitivo que un tribunal federal concedió a Kamel Nacif en el proceso que se le seguía por la detención ilegal y tortura de la que fue víctima la periodista Lydia Cacho, en 2005, tras revelar una red de pederastia en la que participaba el también empresario Jean Succar Kuri, amigo de Nacif Borge y del exgobernador de Puebla Mario Marín.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya, Estado de México, negó a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos y académicos que ocuparon cargos administrativos en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), una asociación civil que recibía fondos públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), confirmó una fuente autorizada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La resolución judicial forma parte de la causa penal 299/2021 iniciada por la FGR contra los exdirectivos del Foro Consultivo tras una denuncia que presentó la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por la entrega presuntamente irregular de 50 millones de pesos del Consejo a esa asociación civil.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras un arduo debate en el que hubo cambio de postura de algunos ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que reconocía la cláusula de objeción de conciencia para que médicos y enfermeras pudieran negarse a participar o colaborar en procedimientos médicos que interrumpan el embarazo de una mujer o persona gestante.

Por mayoría de ocho votos contra tres, incluyendo la rectificación de último segundo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el Pleno de la Corte coincidió en que debe reconocerse el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, pero sin anular el derecho constitucional de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara contra Sergio Montaño Fernández, uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, por la adjudicación directa de ocho contratos para la construcción y operación de cárceles federales privadas, revela que el exservidor público operó en un contexto de conflicto de interés por su relación con la empresa consultora que elaboró el proyecto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Montaño Fernández, en su calidad de Oficial Mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cargo que ocupó entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, utilizó un estudio realizado por la consultora McBains Cooper para impulsar y justificar los contratos de prestación de servicios (CPS) que se firmaron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El responsable de vigilar y operar los penales de alta seguridad del gobierno mexicano, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en los contratos para construir y operar ocho penales federales.

El mando militar también enfrenta una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, de la que se envió copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los recursos monetarios que reciben los partidos políticos, como parte del financiamiento público al que tienen derecho, son embargables para el pago de los trabajadores que son despedidos de manera injustificada.

Por unanimidad de cinco votos, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que el dinero del financiamiento público ordinario otorgado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Tlaxcala puede embargarse si tiene que ser utilizado para la ejecución de un laudo laboral firme que ya fue dictado por las autoridades en favor de una trabajadora con motivo de su despido injustificado.