CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Casi catorce meses han transcurrido desde que se puso en marcha el rediseño del espacio aéreo mexicano. Se hizo sin evaluación de sus impactos ambientales. La responsable de ello ha sido la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La autoridad que debió actuar como garante del derecho al medio ambiente sano declinó realizar su labor.

Casi dos meses después de que se impuso esa restructuración del espacio aéreo –sin participación informada de la población afectada en tierra por el mismo–, a la Agencia Federal de Aviación Civil se le ocurrió preguntarle a la Semarnat que le indicara qué trámite, autorización o permiso en materia de impacto ambiental debió haber obtenido. Lo solicitó mediante oficio 4.1540, del 18 de mayo de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me imagino que debe ser muy frustrante perder un asunto en el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia con un resultado favorable de siete votos contra cuatro. Me parece que una situación como la anterior da hasta para que se especule sobre el peso que tiene en la orientación de los votos de sus integrantes el origen de sus nombramientos. De ahí a pensar que la Corte se politiza por ello casi nada.

En cuanto a la legitimidad, creo que es más trascendente la que se gana durante el ejercicio, que la que se tiene de inicio. Como sea, la verdad sea dicha, en este sexenio ya se han realizado todos los nombramientos que corresponden, a menos que se presente una situación extraordinaria que imponga la necesidad de elegir a una persona extra para completar en pleno nuestro máximo tribunal constitucional.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me permito ser crítico con la labor judicial porque considero que es la función de Estado más importante para asegurar nuestros derechos y bienestar. Obviamente respaldo que se exija a cada órgano judicial que rinda cuentas sobre su proceder. Pero nada de eso significa que me sea indiferente la defensa de la independencia judicial desde múltiples frentes, al interior para sus integrantes, y hacia el exterior ante los otros Poderes. Fiel a mis convicciones, tal defensa no es solo de palabra.

Este año el Poder Judicial del Estado de Morelos me confió la responsabilidad de colaborar en un juicio de controversia constitucional a favor de su independencia y autonomía presupuestaria. Luego de tres años de solo poder defender al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de esa entidad, por fin tuve ocasión de plantear una defensa común para aquel Poder local en la controversia 15/2021.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se espera que en las próximas semanas el tema del cambio climático tenga más presencia en las conversaciones públicas. Así debería ser hasta que sea asunto de interés público permanente. Más allá de eso, la exigencia, el seguimiento y la fiscalización de acciones reales para atender la crisis climática actual son básicas.

Me ha tocado participar de primera mano en un amparo de pronóstico reservado. Hace unos días notificaron a Greenpeace México que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, decidió revocar el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y conceder una suspensión definitiva para el efecto de paralizar los actos de ejecución de la Revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, actualizadas en 2020; y para que las autoridades responsables continúen con las correspondientes actuaciones en términos de lo previsto en los Compromisos de Mitigación y Adaptación de Cambio Climático para el periodo 2020-2030, del 2015.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace dos semanas se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Se hizo público el proyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo federal ha sometido a consideración de la Cámara de Diputadas. Cuando sea aprobado, podremos saber con cierto detalle en qué se piensa gastar nuestro dinero público.

Pero antes de su examen, de negociaciones, debates y disputas parlamentarias, cabe preguntar si existen pautas de control para lo que envía el presidente de la República, pues quien controla los temas de discusión, impacta sus resultados. Así que, ¿hay forma de exigir que tal proyecto de presupuesto sea constitucional?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos. Si a eso se añaden obstáculos para plantear la defensa de causas de derechos en juzgados y tribunales, las cosas empeoran. Pero si además se cierra la posibilidad de que organizaciones defensoras de derechos acudan al amparo para exigir que se respeten tales derechos, se magnifican las cargas y riesgos para toda la gente.

Conviene imaginar algunos ejemplos. Supongamos que las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad no son las óptimas, a grado tal que es posible que se violen varios de sus derechos humanos. ¿Qué sucedería si a una organización que tuviera por objeto social defender los derechos de la población carcelaria no se le reconociera interés legítimo de índole colectivo para interceder en esta causa? ¿Qué pasaría si se pretextara que el derecho a condiciones dignas de vida en reclusión solo pueden gozarlo, ejercerlo y defenderlo, personas físicas?