CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Escribí al inicio de este año que para lograr cambios estructurales por medio del litigio de causas de derechos humanos, una alternativa es cuestionar leyes que no estén en línea con nuestros compromisos internacionales en la materia. Dije que es obligación de los Poderes Legislativos adoptar medidas legislativas para hacer efectivos los derechos que tenemos reconocidos en el ámbito internacional y que el incumplimiento de ese deber debería de ser justiciable como omisión legislativa.

Hace un mes también apunté que es necesario exigir una justicia transformadora. Coincidencia feliz, el miércoles de esta semana la Primera Sala de nuestra Corte listó el amparo en revisión 413/2020, el cual le brinda la oportunidad de empezar a corregir el estado de cosas inconstitucional que padecemos en México debido a la discriminación que sufrimos las personas por nuestras preferencias sexuales, en algo tan elemental y tan trascendente como decidir con quién contraer matrimonio.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si hay algún derecho humano cuya defensa ha guiado toda mi carrera profesional, sin duda se trata del derecho a la participación directa en asuntos de interés público. Tras diecisiete años de abogar por el respeto de ese derecho para otras personas, organizaciones y comunidades, por fin he podido ejercerlo en persona.

Como asesor legal de Greenpeace México, participé en el parlamento abierto en torno a la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Sinceramente, sería una enorme desilusión que las mayorías en el Congreso no le cambiaran ni una coma a tal iniciativa, como desea el Ejecutivo federal, pero en lo que culmina ese procedimiento legislativo, al menos se intentaron aportar razones.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género. En nuestra Suprema Corte de Justicia se estuvo a la altura del acontecimiento, pues por un lado, según anunció su Primera Sala, se ordenó admitir un asunto que permitirá fijar criterios vinculados al interés superior de niñas víctimas de delitos sexuales, para que se analice, entre otros temas, la obligación de los órganos judiciales de juzgar con perspectiva de género (recurso de reclamación 746/2020). Por el otro, se inauguró el octavo Congreso Nacional: Justicia y Género, y también se presentó el nuevo Protocolo para juzgar con perspectiva de género actualizado.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre enmendar los errores y la terquedad para repetirlos, la actual administración parece optar por lo segundo en lo que respecta a la política energética nacional. Se pretexta el interés público, el dominio de la Nación sobre los recursos naturales y el interés del pueblo. No hay evidencia de que se aprecien bien tales conceptos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si es verdad o no que a nuestro actual gobierno no le importa mucho el Estado de Derecho, es tema politizado. En cambio lo que sí es evidente es su permanente invitación para que se le demande en tribunales; los cuales, en esencia, son la institución más importante en un Estado constitucional y democrático de Derecho.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Qué acontece si en los Poderes Judiciales se ignoran los precedentes aplicables para resolver los asuntos que se juzgan? ¿Es posible que sus integrantes evadan sus determinaciones previas sin dar explicaciones? ¿Tienen responsabilidades especiales ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia por dicho olvido?

Es claro que una nueva reflexión puede llevar a cualquiera a cambiar de criterio, pero cuando se brinda el servicio público de impartir justicia, es necesario cuidar la coherencia o consistencia argumentativa. No se ve bien ser garantista de ocasión.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal es la cantidad de cuestiones públicas que deben resolverse en sede judicial, que no me sorprenden nada los constantes intentos para que la política influya las determinaciones de los juzgados y tribunales, incluida la Suprema Corte. Tampoco me extraña que desde el poder político se sueñe con controlar a los poderes judiciales a través de nombramientos con visiones afines a sus propios proyectos.

No me parece novedoso el cuestionamiento público de decisiones judiciales que no se comparten por las administraciones en turno. Pero a lo mejor sí estamos en presencia de algo poco frecuente por lo que hace al descuido o menosprecio que el actual gobierno tiene por pulir las formas jurídicas de su actuar. Si esa actitud forma parte de un plan para subvertir el Estado de Derecho, me declaro escéptico.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este espacio está dedicado habitualmente a compartir temas judiciales que estimo de interés público sobresaliente. Siempre adopto un enfoque crítico con los fallos que no comparto. En ocasiones puedo parecer hasta irreverente y no tengo reparo en ello. Pero eso de forma alguna significa que no posea un profundo respeto por el Poder Judicial, reconocimiento para sus integrantes y hasta fe en lo que hacen.

En muchas ocasiones he manifestado públicamente que si no creyera en su labor, en su papel institucional como garantes del Estado de Derecho, mis pasos seguro serían otros. Siempre tendré la esperanza de que un día todas las personas que brindan este servicio se asuman como defensoras de nuestros derechos humanos y que ello no les cause conflicto. Así que por más diferencias de criterio que pueda reservarme, cuando se trata de invertir roles y defenderles, me apunto enseguida.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El paro parcial en sede judicial se ha extendido por ahora hasta el 30 de junio. Eso brinda una oportunidad para alentar cambios en las formas en las que buscamos acceso a la justicia, para transitar hacia los juicios en línea. Conocer la realidad permitirá valorar si ello contribuye a democratizar ese acceso, o por el contrario, si lo “gentrifica”. Pero a esa cuestión no se dedica este espacio, sino a otra ausencia.

CIUDAD DE MÉXICO (aprro).- Relato dos historias, una ficticia, otra no, y con ellas mi opinión sobre una penosa realidad. La primera consiste en la aprobación, publicación y entrada en vigor de un nuevo ordenamiento legal: la Ley para la explotación, uso y aprovechamiento del aire. No es una ley cualquiera, es una ley con un fundamento constitucional sólido, porque el aire situado en el territorio mexicano pertenece a la Nación, cuyo dominio es inalienable e imprescriptible, aunque puede explotarse por particulares mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con esa ley.