Consultas, participación y libertad

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por fin se ha anunciado la mecánica para la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Habrá quienes postulen que con ella queda inaugurada una nueva forma de democracia más cercana a la gente. Algo que distinguirá al próximo gobierno de todos los anteriores. Quisiera estar de acuerdo, pues llevo muchos años de litigio para exigir el respeto del derecho a la participación directa en asuntos públicos. Sin embargo no puedo, me resulta imposible dejar de criticar la consulta revelada.

Una Constitución de izquierda

 

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Mientras el gobierno saliente exhibe su realidad paralela y la administración entrante promete una gran transformación, merece la pena detenerse un momento para reflexionar sobre el hecho de que tendremos por vez primera un gobierno que se anuncia de izquierda democrática.

La Suprema Corte y la austeridad republicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la luz del debate público inaugurado por los 50 puntos anticorrupción y de austeridad del próximo gobierno, quiero enfocarme en el tema del Poder Judicial. ¿Privilegios inconfesables o condiciones necesarias para un servicio público indispensable?, usando las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

En mi opinión, servir en el Poder Judicial es la responsabilidad más honorable que se puede tener en un estado constitucional de derecho. Garantizar derechos humanos y el orden constitucional, incluso contra mayorías en los congresos y el poder de la Presidencia es, sin duda, una función pública trascendental.

El agua es para quienes más la necesitan

ANÁLISIS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un gobierno capturado, trabaja para quienes lo controlan. Sus acciones no buscan el beneficio colectivo, sino incrementar el poder del sector dominante. Muchas de las veces, incluso las leyes se encuentran dispuestas para legitimar ese tipo de acciones. Nuestro gobierno actual ha dado constantes muestras que me llevan a pensar que no trabaja para el bien de la mayoría de la gente, ni para la protección de sus derechos, sino para establecer privilegios para algunos grupos de interés.

Aire limpio ¡ya!, otra demanda para el Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Veinticinco años cumple Greenpeace México. Hace un cuarto de siglo ya demandaba a las autoridades nacionales la adopción de medidas urgentes para garantizar aire limpio para la población. A este día, ese grave problema persiste, y por ello se renueva esa exigencia. Solamente que en esta ocasión la lucha se lleva de las manifestaciones públicas a los tribunales.

Dos juicios de amparo se han interpuesto en los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México. En ambos, el planteamiento es esencialmente el mismo: necesitamos mejores normas oficiales sobre la calidad del aire que respiramos. El costo en vidas, problemas de salud y en daños económicos, es inaceptable.

Futbol Mexicano: ¿el juego de los peores?

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me encanta el fútbol. Jugarlo más que verlo. Mis mejores amigos de la niñez se forjaron persiguiendo un balón. Incluso hoy, buena parte de mis amistades tienen alguna relación con el gusto compartido por este hermoso deporte. Obvio, estoy muy contento por el mundial que viene. Participo del sueño mexicano del “quinto juego”. Me emociono, me apasiono y aunque me tachen de ingenuo, imagino que en esta ocasión –como en todas las previas–, México tendrá su mejor actuación.

El caso Río Sonora a la Suprema Corte de Justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En agosto se habrán cumplido cuatro años del derrame tóxico en Sonora provocado por Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. Las versiones oficiales de la empresa y el gobierno no podrían ser más distantes de las percepciones de la gente que habita la región y que se organizó en los Comités de Cuenca Río Sonora, a los que he acompañado desde hace poco más de tres años como abogado de PODER –una organización regional, sin fines de lucro, que trabaja para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en México y América Latina desde una perspectiva de derechos humanos–.

La novedad en estos últimos días es que el pasado 11 de abril la Segunda Sala de la Suprema Corte ha decidido conocer dos de los varios juicios de amparo que se han promovido para buscar remediar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por las actividades de la empresa minera. Este acontecimiento brinda algo de esperanza para hallar verdad y justicia para el caso.

La Suprema Corte en las campañas presidenciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de los derechos humanos es la responsabilidad más importante de cualquier gobierno que busque conducirse en un régimen de Estado constitucional y democrático de derecho. Pero esa tarea no corresponde únicamente a la Presidencia de la República. Salvaguardar los derechos humanos es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias.

En mi experiencia como litigante de causas de derechos humanos durante los últimos tres sexenios, las más de las veces me ha tocado atestiguar un comportamiento bastante lejano al respeto de tales derechos por parte de las instancias de la administración federal.

El Poder Judicial frente a la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante 2018, en la agenda del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia, pocos temas tan trascendentes como el de la Ley de Seguridad Interior. Al respecto, mi punto de partida es que la actuación del presidente y del Congreso pone de manifiesto la lejanía que ambos tienen frente a las voces especializadas que desde todos los frentes advirtieron sobre las inconsistencias de aquélla en relación con el respeto a un régimen democrático de derecho.
El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.

El Poder Judicial frente a la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante 2018, en la agenda del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) pocos temas son tan trascendentes como el de la Ley de Seguridad Interior.

Al respecto, mi punto de partida es que la actuación del presidente y del Congreso pone de manifiesto la lejanía que ambos tienen frente a las voces especializadas que desde todos los frentes advirtieron sobre las inconsistencias de aquella Ley en relación con el respeto a un régimen democrático de derechos.