Ciudad de México (Proceso).– La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó el pasado 28 de abril una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, enviada por el presidente López Obrador. Se trata de un documento que debe ser revisado públicamente con todo detalle y, sobre todo, es necesario hacer notar sus alcances, que son de enorme escala.

No es una iniciativa electoral solamente, pues sus implicaciones apuntan a rehacer, literalmente, la estructura de las instituciones del Estado y el sistema político entero. La propuesta está muy lejos de una simple reforma que ajusta algo; en realidad se trata de una iniciativa que pretende crear “otro algo” por completo.

Las remesas familiares que México recibe cotidianamente en enormes cantidades tienen impactos fundamentales para el conjunto de la economía y, sobre todo, son la red de protección social más relevante para millones de familias que directa o indirectamente se benefician. Si se considera al conjunto de las remesas del año pasado (51.6 mil millones de dólares) y, del otro lado, el total de población del país conforme al último censo (126 millones), en promedio a cada persona le corresponderían algo más de 8 mil pesos anuales. Vista la distribución per cápita y desde la perspectiva municipal, los resultados proyectan escenarios más que interesantes.

En principio, algo más de 50 municipios del país reciben 30% de las remesas; nos referiremos en la presente nota solamente a ese conjunto. De este grupo, los de mayor pobreza –usando la estadística del Coneval– son al mismo tiempo los que reciben los ingresos por persona más elevados. No se trata de los municipios con mayor población, como sería el caso de Tijuana, que recibe las mayores remesas de todo el país. Por el contrario, si se enlistan los municipios receptores en función de las remesas por persona, los de mayor población son los que reciben menos dinero del exterior. Y al revés, los de menor población tienden a recibir mayores remesas, considerando el indicador per cápita.

Ciudad de México (Proceso).– La Cumbre de las Américas es el evento más relevante de política internacional que se realiza en el continente americano. En cada oportunidad convoca al más alto nivel de representación de las naciones y tiene por agenda importantes temas compartidos, como son preservar las democracias, promover el desarrollo económico o tratar rubros sobre seguridad, entre otros. Dentro de pocos días se realizará la novena cumbre, del 6 y al 10 de junio en Los Ángeles, siendo anfitrión el gobierno de Estados Unidos.

Como todo evento de esta naturaleza, no puede desligarse del contexto político que lo rodea, tanto el interno a cada país como el correspondiente a la coyuntura internacional. Particularmente así sucede en esta ocasión. Para el gobierno de Joe Biden es crítico el contexto político interno y, sobre todo, que la cumbre se realice en condiciones que le permitan demostrar capacidad de convocatoria e incidencia sobre asuntos relevantes, como el desarrollo económico y la migración internacional irregular. No es opción para Biden una cumbre deslucida y sin acuerdos sustantivos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El conflicto en curso en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución científica de vanguardia y con amplio reconocimiento nacional e internacional, ha puesto en cuestión el futuro de los Centros Conacyt –sistema que integra a 27 centros científicos y tecnológicos–, así como el futuro de la política científica y de la ciencia en México. No es un asunto menor, pues están en juego una herramienta fundamental del desarrollo del país, así como la formación de científicos y tecnólogos que surgen de estas instituciones. Está en juego algo muy serio.

De entrada, la historia individual de las entidades que hoy integran al sistema de Centros Conacyt se ha caracterizado por numerosos desafíos y, sobre todo, por trayectorias de éxito impulsadas por comunidades responsables, comprometidas y de indeclinable vocación científica. Con recursos y sin recursos, durante periodos difíciles y otros con crecimiento, son instituciones que han avanzado notablemente. Después de varias décadas de esfuerzo, hoy son centros de vanguardia, dedicados a la formación de generaciones de científicos y produciendo conocimiento y tecnologías especializadas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre otros elementos fundantes del marco jurídico, en la Constitución política de México se encuentra la definición esencial de la Nación, los criterios sobre la nacionalidad y, además, algunas prohibiciones explícitas que en caso de realizarse configurarían una abierta traición a sus principios. Incumplir con la norma constitucional es asunto grave.

Nuestra Carta Magna en esencia es producto de los diputados constituyentes de 1916-1917 y fue elaborada dentro de un ambiente político de radical nacionalismo, reflejado a lo largo de su texto y en particular, de manera enfática, en las definiciones sobre la nacionalidad, es decir, en los principios que determinan quiénes somos las y los mexicanos, integrantes de la Nación. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante el último trienio, en nuestra región del planeta se ha fortalecido una inercia que conduce a políticas de gobierno antiinmigrantes y a actitudes públicas de tinte xenófobo. Sin duda, la fuerza que impulsa agresivamente esta dinámica es el actual gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump y su ideología extrema y anacrónica, que no obstante ha recuperado exitosamente raíces culturales y orgánicas en la sociedad estadunidense que parecían erradicadas. Pero no están solos.

En el mundo, la movilidad internacional de las personas y el debate sobre las políticas para su atención por los países receptores y por los expulsores se ha convertido en asunto fundamental. Con frecuencia, en los países desarrollados el desafío migratorio ha derivado en discusiones sobre identidad nacional, xenofobia, seguridad pública, empleo, economía y otros, que reflejan un rechazo a la inclusión de extranjeros, sobre todo si proceden de regiones subdesarrolladas. En Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, entre otros, la cuestión migratoria ha podido convertirse en eje principal de la política interna y de los asuntos que pueden decidir elecciones y gobiernos.