CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casi seis años después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) no fueron capaces de dar a conocer avances de la investigación a 14 familiares de las víctimas que viajaron desde Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador en busca de justicia.
Los deudos, apoyados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, denunciaron que solicitaron una reunión con la procuradora Arely Gómez y con el agente del Ministerio Público (MP) que estuvo a cargo de la investigación durante más de cinco años, pero finalmente el encuentro terminó en una “burla”.


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