CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una auténtica oleada de reacciones negativas nacionales e internacionales se generó desde el 30 de noviembre en contra de los 34 artículos de la Ley de Seguridad Interior que, según todos los especialistas en derecho, viola al menos ocho artículos constitucionales, atenta contra la soberanía de los estados, va en contra de los derechos humanos más elementales y pone en riesgo a las propias fuerzas armadas.

La aprobación fast track de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados no pudo hacerse la semana pasada en el Senado. El pasado viernes 8, presionado por el propio colectivo de defensores de derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” y para “poder escuchar todas las voces”.