A tono con la embestida del gobierno federal contra el INE, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que adelgaza al órgano electoral local y que –a juicio de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– traerá mayor opacidad y, peor aún, abrirá las puertas al financiamiento de las campañas por parte del crimen organizado. Por eso los partidos amagan con impugnar incluso en instancias internacionales.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México presumió recientemente que los delitos de alto impacto en la capital se habían reducido 58.8% en un año. Pero capitalinos entrevistados por este semanario narran sus experiencias como víctimas de la delincuencia y afirman que incluso los policías sugieren, esgrimiendo toda clase de pretextos, que no se levanten denuncias ante el MP, por lo que las cifras de Claudia Sheinbaum quedan muy mal paradas, incluso si se comparan con la encuesta sobre inseguridad del Inegi.
La capital del país no está exenta de la presencia y acción de las bandas del crimen organizado. Son varios los cárteles que operan en la Ciudad de México, y cada vez que las autoridades desarticulan un grupo criminal, de éste surgen varios más en una atomización difícil de perseguir. Tras los confinamientos impuestos por la pandemia y al volver a la normalidad las actividades diarias, los delincuentes vuelven a atemorizar a la población con, entre otras cosas, el cobro de piso para locales comerciales tanto en Polanco como en la Zona Rosa o el Centro y con la extorsión a los transportes públicos en la periferia.