CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Desde el corazón de Tierra Caliente, Michoacán, el sacerdote José Luis Segura Barragán sostiene que la entidad se ha convertido en un infierno. Y advierte: “Es un narcoestado” donde el crimen organizado gobierna y nada puede hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con su política de “abrazos y no balazos” para combatir al crimen organizado.

Las palabras del expárroco de la comunidad de La Ruana se sustentan en datos duros, como los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los cuales durante la gestión de Silvano Aureoles el número de muertes violentas o accidentales se incrementó 137%.

CHILPANCINGO, Gro. (proceso).- Los recientes hechos violentos en la sierra y en Iguala, que involucran al Ejército, advierten el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y exhiben otro fracaso de la estrategia federal de seguridad. En el primer caso tres solados fueron asesinados en una emboscada y en el segundo, 14 civiles armados murieron en un presunto enfrentamiento con militares.

La estrategia contra el crimen organizado en Guerrero es dirigida –paradójicamente– por el general Juan Manuel Rico Gámez, actual comandante de la Novena Región Militar. En el sexenio pasado fue incluido en una lista negra de militares presuntamente vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, efectuado por efectivos del Ejército el jueves 17, que propició el ataque armado por parte de diversos grupos del Cártel de Sinaloa que lograron el repliegue de los militares y la liberación del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, contrasta con la “limpieza” en la detención de la madre del joven, Griselda López, y de la misma Alejandrina Salazar, ambas parejas sentimentales de Guzmán Loera. Pero coincide en que pasaron retenidos por la autoridad sólo unas horas.

La mañana del 12 de febrero de 2014 la detención de Griselda López Pérez en una zona residencial de Culiacán y su traslado a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, bajo el cargo de lavado de dinero para el cártel formado por su exesposo, ‘El Chapo’, no llevó más de cinco horas.

Ernesto Rodríguez Amari
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WASHINGTON (proceso).- En esta ciudad funcionarios y exfuncionarios estadunidenses no tienen empacho en considerar la captura y liberación de Ovidio Guzmán López –hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán– como una claudicación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el Cártel de Sinaloa.

“El presidente de México acaba de hacer un pacto con el Diablo, él esencialmente le dice al Cártel de Sinaloa: ‘Ustedes son los que mandan’”, comenta a Proceso Jack Riley, exjefe de operaciones de inteligencia de la DEA, que dedicó gran parte de su carrera a perseguir al capo sinaloense.

Olga Aragón y Javier Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El tráfico del pez totoaba y la existencia de los grupos criminales vinculados a ese delito son una bomba de tiempo con alcances sociales en los pueblos costeros del Alto Golfo del Mar de Cortés que el gobierno de Enrique Peña Nieto le heredó al presidente Andrés Manuel López Obrador.