Para el EZLN, por sus lecciones de dignidad y de empatía con las víctimas.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia y la impunidad no cesan; tampoco las intrincadas redes de complicidad entre el Estado y el crimen organizado que las hacen posibles. Como desde hace más de 10 años y de maneras cada vez peores e intensas, todos los días nos enteramos de espantosas masacres, de zonas del territorio tomadas por el crimen organizado, de grupos que se arman para defenderse, de campos de la muerte, como el de la Bartolina en el noreste del país, de fosas clandestinas, de grandes violaciones a derechos humanos en las fronteras de México, de alianzas entre el crimen organizado, los partidos, intereses empresariales y puestos de gobierno (Cabeza de Vaca en Tamaulipas, los Salgado en Guerrero, los Gallardo en San Luis Potosí y ahora, gracias al comunicado del EZLN del 19 de septiembre, “Chiapas al borde de la guerra civil”, Rutilio Escandón en esa zona del país), de persecuciones a la comunidad científica y a los intelectuales. Detrás de los desquiciados discursos de “la mañanera” y de estériles discusiones en los medios, el país se pudre y hiede de muerte, miedo, impunidad y odio.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las tres acciones de inconstitucionalidad que acaba de resolver nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han tenido como objetivo enmarcar una compleja disputa dentro de los parámetros jurídicos que le corresponde acatar a nuestro país. Los argumentos utilizados por los ministros se basan tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos (1981), como en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012), pasando por nuestra propia reforma constitucional del ­artículo 1 (2011).

La primera resolución, ampliamente comentada, como la despenalización del aborto, consiste en la no criminalización de las mujeres que abortan. Con un proyecto de resolución que partía de reconocer que la maternidad es una decisión trascendental, el ministro Luis María Aguilar planteó que las mujeres y las personas gestantes deben ser vistas como únicas titulares del derecho a decidir si continúan o interrumpen un embarazo. Aunque el concepto de “personas gestantes” causó sorpresa, la decisión de no criminalizar a quienes aborten fue lo más publicitado, tanto con elogios como con duros cuestionamientos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 200 años de vida independiente, la patria nos convoca nuevamente a la concordia, a la unión de todos los mexicanos, sin distinciones, para restaurar alma, identidad y destino. Ya basta de enconos y discordias, de odios y divisiones, de insultos y bajezas, de injusticias sociales, de concentraciones brutales de riqueza y poder, de violencia y muerte, de racismo, indiferencia y mezquindad, de frivolidad y vanidades en medio de crisis decisivas.

¡Que la nación y el orbe recobren la cordura para que vuelvan a saber ver! ¡Que la patria y el mundo se conmuevan y compadezcan de los desdichados!

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contar con un nuevo gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo.

El Estado corrupto es parte de todo el sistema de poder, por lo que no es una sobreposición a la gobernanza, un defecto. En todos los países existe corrupción, pero no todos tienen Estado corrupto. Este es una forma de hacer participar en la corrupción a las unidades económicas y organizaciones de la sociedad y, por tanto, impacta las relaciones sociales, las de carácter mercantil, es decir, al capitalismo. No se trata, claro está, de la dominación social ni de la forma de opresión, no es el centro de las relaciones de producción e intercambio, del capitalismo como tal, pero de este emerge y atenaza todo. Bajo el Estado corrupto han vivido las presentes generaciones mexicanas. Es un fenómeno histórico en el pleno sentido del término.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ejecutivo Federal está obligado a tener una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales, pero ¿qué ocurre con los gobiernos estatales, municipales y las ciudades más grandes del país? Estas entidades también están obligadas por ley a tener su propia política pública, agenda digital y hoja de ruta tecnológica, pero han preferido que sea la federación la que haga el mayor esfuerzo.

Aquí hemos advertido la ausencia, descoordinación e incluso fragmentación de los programas y proyectos para la conectividad y digitalización de México. Se trata de una nueva generación de políticas públicas para que la población ejerza sus derechos fundamentales a través del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Pero los estados tampoco tienen una política y diseño institucional que permita avanzar en la digitalización local.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El indigenismo no lo inventaron los indígenas. Con toda razón, David Brading señala en Los orígenes del nacionalismo mexicano que, en respuesta a la denigración que científicos europeos hacían de América, Clavijero y los patriotas criollos del XVIII novohispano expropiaron el pasado prehispánico. Y es que en sus textos reivindicatorios se apropiaron de la única grandeza americana de la que Europa no podía reclamar la paternidad: las civilizaciones originarias (que son originarias, por cierto, si rechazamos la hipótesis de que estas tierras fueron pobladas por migraciones asiáticas que llegaron por el estrecho de Behring, pues de lo contrario también serían inmigrantes). Tiempo después, ya en el siglo XIX, el porfirismo reeditó esa reivindicación, aunque en los hechos su tesis podría resumirse en la desgarradora frase con la que la describo en mi libro Mexicanidad y esquizofrenia: “que viva el indio muerto y que muera el indio vivo”. Tal monstruosidad fue combatida a principios del siglo XX por Manuel Gamio, quien logró que el gobierno no se limitara a exaltar al “indio muerto” y mejorara la vida del “indio vivo”. Se sentaron, así, las bases indigenistas del México posrevolucionario.

En 1970 se publicó De eso que llaman antropología mexicana, obra seminal con la que un grupo de antropólogos fundó el multiculturalismo. Contra la idea de que la nación mexicana era mestiza por antonomasia –que había alcanzado el consenso en México tras ser esgrimida por pensadores tan diversos como Pimentel, Riva Palacio, Sierra, Molina Enríquez, Gamio y Vasconcelos–, Warman, Bonfil et al sustituyeron el objetivo de integrar a los indígenas al desarrollo nacional por el de respetar su derecho a vivir conforme a sus culturas y tradiciones. La corriente multiculturalista se volvió hegemónica en la academia y llegó a plasmarse en la Constitución; a juicio mío tuvo, en su versión extrema, excesos contraproducentes, porque llevó a equiparar mestizaje y etnocidio, a propiciar el aislamiento étnico y a soslayar la propuesta gamiana de que se conservaran las culturas autóctonas pero que sus depositarios adoptaran la ciencia y la tecnología occidentales que les dieran acceso a mejores servicios de salud y en general a un mayor bienestar.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado laico no toma parte en el tema religioso. Carece de teología y canon sacerdotal. No objeta creencia alguna. Se ubica por encima porque abarca a todas las religiones y a otras convicciones. Así es como se puede abrir lugar a la ciencia y a la libertad.

Eso no quiere decir que el Estado laico ignore la religiosidad de las personas como algo social. Al contrario, la respeta y la hace valer.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su intento por descifrar al Estado, Giorgio Agamben habla de una figura del derecho romano arcaico llamada homo sacer (“El hombre sagrado”), un ser que, abandonado de la protección del Estado, cualquiera podía matar impunemente. Al ser expulsado de su contexto social, político y cultural, ese “hombre”, dice Agamben, se volvía una vida nuda, una vida al margen.

Más acá del profundo análisis de Agamben sobre esta figura en la historia de Occidente, es posible decir que en México todos los seres humanos nos hemos vuelto “hombres sagrados” en potencia. Pese a tener legalmente nuestros derechos humanos preservados en la Constitución, hoy en día cualquiera puede extorsionarnos, secuestrarnos, torturarnos, destazarnos, desaparecernos, y el crimen quedará impune. Para el Estado mexicano no somos, como ciertas fracciones de seres humanos lo fueron para el nazismo, objetos de experimentación o, para el sovietismo, parte de una tarea histórica o, para el llamado neoliberalismo, residuos. Somos simplemente desechos potenciales en la apresurada marcha de esa cosa amorfa llamada Cuarta Transformación.

La adopción tecnológica y el desarrollo digital de América Latina es el verdadero factor aglutinante que puede integrar la región en una comunidad y mercado únicos.

México fue sede de la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2021. Haciéndose eco del sueño e ideario de Simón Bolívar de tener una América unida, el presidente López Obrador llamó en su discurso a integrar una comunidad económica, pero sus erráticas políticas públicas tecnológicas y digitales lo contradicen en los hechos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace dos semanas se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Se hizo público el proyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo federal ha sometido a consideración de la Cámara de Diputadas. Cuando sea aprobado, podremos saber con cierto detalle en qué se piensa gastar nuestro dinero público.

Pero antes de su examen, de negociaciones, debates y disputas parlamentarias, cabe preguntar si existen pautas de control para lo que envía el presidente de la República, pues quien controla los temas de discusión, impacta sus resultados. Así que, ¿hay forma de exigir que tal proyecto de presupuesto sea constitucional?