Ciudad de México (Proceso).– En 1979, el filósofo Hans Jonas escribió un libro fundamental, El principio de responsabilidad. Jonas, como muchos de sus colegas, se había dado cuenta de que lo que caracteriza a la era tecnológica es un hiato entre nuestros actos y sus consecuencias, y proponía, a la manera de Kant, un imperativo categórico: “Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra”.

Pese a la finura de su argumento, la irresponsabilidad es lo propio del hombre tecnológico. Lo que lo caracteriza, como lo mostró Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, es la “banalidad del mal”, la ausencia de relación entre el acto –transportar judíos a los Lager– y su exterminio. Pese a las evidencias, aquel hombre nunca logró reconocerse como un asesino, mucho menos como un genocida. Semejante a un obrero en la cadena productiva de una fábrica, Eichmann nunca se identificó con el producto de su trabajo. Lo expresa con un sobrecogedor cinismo Maximiliano Aue, el exoficial de las SS de Las benévolas, de Jonathan Littell, al referirse al programa T-4: el exterminio de inválidos y enfermos mentales, creado dos años antes de la Solución Final: “De la misma forma que, según Marx, el obrero está alienado en lo referente al producto de su trabajo, en el genocidio o la guerra en su forma moderna el ejecutante está alienado respecto al producto de su acción (en el programa T-4), a los enfermos, seleccionados mediante disposiciones legales los recibían unas enfermeras que los registraban y desnudaban, unos médicos los examinaban y los llevaban a un cuarto cerrado, un operario abría el gas, otros limpiaban, un policía extendía el certificado de defunción. Cuando después de la guerra los interrogaron” ninguno reconoció su culpabilidad: siguieron procedimientos establecidos y supervisados.

Ciudad de México (Proceso).– En días pasados el Canal Once transmitió un segmento titulado “Mujer, casos de la piña real” (https://acortar.link/IQoy5i) en el que se presenta una sátira de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Se trata una iniciativa televisiva que no tiene precedente en el país, tratándose de un medio que vive del erario. Reclama por ello mismo un análisis sobre si se trata o no de un contenido amparado en la ética y en el derecho o no. Veamos.

Primero. Vayamos por el principio. Si bien es verdad que la sátira, como punto de partida, se trata de un discurso protegido por la Constitución, sobre el cual, además, la SCJN se ha pronunciado por cuanto ha reconocido que los derechos de la personalidad de los servidores públicos tienen menor protección en relación a los de un particular, siempre y cuando se trate de temas de interés público, también lo es que quien ocupe o haya ocupado un cargo público no debe carecer del respeto a sus derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La tecnología nos ha traído Internet y con los años hemos visto aumentar significativamente el ancho de banda, es decir, la velocidad de acceso a la información. Quienes tengan la suficiente edad sabrán que hubo tiempos en que los módems trabajaba a 300 baudios, La velocidad en baudios es el número de veces por segundo que una señal cambia de estado; el cual puede ser un nivel de voltaje, una frecuencia o un ángulo de fase de frecuencia. Si la señal cambia una vez para cada bit de datos, entonces un bit por segundo equivale a un baudio.

Por años tuvimos velocidades de 1, 2 y hasta 10 megabits por segundo, lo cual evidentemente significa que –mientras más alta la velocidad, más datos se reciben por segundo– pero también, mientras más aumenta la velocidad, más pagamos por el Internet. Hoy hablamos de 100, 200, 500 y hasta mil megabits por segundo, lo cual es cada vez más necesario pues la cantidad de información que recibimos y mandamos se ha incrementado exponencialmente.

Ciudad de México (Proceso).– Les ordenaron desnudarse y depositar sus ropas dentro de unas tinajas con gasolina y formol. Cincuenta hombres obedecieron a los custodios de la prisión de El Paso, Texas. Hace poco más de un siglo había obsesión con el tifus y por eso debían eliminarse todos los piojos que los presos mexicanos llevaban, supuestamente, a los Estados Unidos.

Aquella otra tragedia ocurrió en marzo de 1916. Según el alcalde de la ciudad, Thomas Lea, un fósforo encendido por uno de los guardias bastó para que, en instantes, una inmensa llama nacida en las tinajas devorara aquel edificio.

Ciudad de México (Proceso).– En días pasados el Senado de la República aprobó la abrogación de la Ley de Imprenta de 1917, después de que tiempo atrás había hecho lo propio la Cámara de Diputados. Queda sólo que el presidente de la República promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta decisión legislativa para perfeccionar la expulsión de esta normativa del sistema legal mexicano. Esta decisión es, sin duda, importante por varias razones. Veamos.

Primero. La Ley sobre Delitos de Imprenta, cuya más reciente reforma fue hecha el 20 de mayo de 2021, representaba por sí misma una conspicua figura normativa que daba vida a lo que desde hace mucho tiempo se ha objetado y ha ido desapareciendo: los delitos de prensa; es decir, aquellas infracciones privativas de la libertad aplicables, de manera adicional a las previstas en los códigos penales, sólo a los periodistas y a los medios de comunicación. Esta singularidad es contraria a derecho porque: a) Discrimina a los periodistas y medios de comunicación, especialmente a quienes laboran en medios que no dependen de una concesión del Estado donde pudiera haber alguna responsabilidad adicional. Con lo anterior se viola el derecho a la igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Es contraria a la igualdad ante la ley al ser una ley privativa (destinada a los periodistas y a los medios no a cualquier persona) lo que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 13 constitucional; c) Fomenta la censura previa y/o la autocensura, lo que lastima el derecho a la información y las libertades de expresión e información tuteladas por el artículo 6º de la Constitución.

Ciudad de México (Proceso).– Es ya un lugar común decir que la violencia y sus víctimas no son interés del Estado. Tanto las cifras de muertos y desaparecidos como los índices de impunidad lo muestran todos los días desde hace varios lustros. Frente a ello, la pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente tenemos un Estado? Si su vocación fundamental –dar seguridad, justicia y paz– está alterada ¿podemos hablar de su existencia o acaso hablamos de un tipo de Estado que habría que entender de otra manera?

Según Hannah Arendt, un Estado que “fabrica cadáveres”, como el nazi, o crea “pozos de olvido”, como el estalinista, es un Estado totalitario. México no lo ha sido. Sin embargo, desde Calderón hasta López Obrador, pasando por Peña Nieto, el Estado mexicano no ha dejado de producir muertos, casas de seguridad, fosas clandestinas, desapariciones y terror como en los regímenes totalitarios. Con la diferencia de que quienes lo realizan son poderes, aparentemente ajenos al Estado, como el crimen organizado, y de que esos gobiernos han sido democráticamente electos, sus consecuencias son idénticas: el abandono de sus ciudadanos o de los migrantes a fuerzas que pueden amenazarlos, desaparecerlos, torturarlos y asesinarlos, la fabricación de fosas clandestinas y el miedo. Me parece, en este sentido, que si no estamos frente al totalitarismo, estamos ante una mutación que muy pocos quieren ver y que se ha apoderado del Estado sin más.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Gracias a Internet hoy en día la interacción humana es más cercana, pero la promesa de ser la sociedad de la información parece estar equivocada. Cuando apareció Internet, los medios empezaron a hablar de lo que iba a ser la “sociedad del conocimiento”. Gracias a las tecnologías de la información, las brechas culturas se minimizarían, se tendría un panorama más amplio del saber, etcétera. Pero todo esto no pasó y quien afirme esto ahora se expone al ridículo. Hoy lo que tenemos es una sociedad de opiniones.

No es la primera vez que se critica esto. Ya Umberto Eco decía que Internet le había dado voz a una sarta de estúpidos. Las redes sociales le dan derecho a hablar a legiones de idiotas -decía- que eran los que hablaban en los bares y reuniones, pero no incidían estas opiniones en las sociedades. Hoy se sienten con derecho a hablar como si fuesen líderes de opinión. Y como Eco diría: “esta es la invasión de los necios”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Todo aquel que ha tenido contacto con el ajedrez, incluso aunque sea de manera casual y temporal, ha descubierto que los rusos, antes soviéticos, eran los más grandes exponentes del juego- ciencia. Por alguna razón el régimen soviético había tomado el ajedrez casi como un símbolo cultural de gran valor para la naciente Unión Soviética y en una veintena de años había alcanzado la madurez suficiente para poco a poco desafiar a las naciones que en esa época eran potencia y convertirse ellos mismos y por muchos años, en los más grandes jugadores de ajedrez que haya conocido el mundo.

Es claro que el desarrollo actual del ajedrez se debe, en la mayoría de los casos, al esfuerzo del gobierno soviético, que permitió el desarrollo del juego de mesa como una actividad pensante, aunque lúdica. De ahí salieron los grandes exponentes, quizá comandados por el “patriarca”, Mijail Botvinnik, que de pronto se mostró como uno de los jugadores más brillantes de su momento histórico.

Ciudad de México (Proceso).– En los tiempos de la posverdad (donde se mezclan datos ciertos con falsos para desinformar) que hoy gozan de cabal salud, mantener el rigor informativo a la luz de los principios éticos generalmente aceptados se vuelve todo un reto. En este contexto, Proceso se ha visto envuelto en parte de la discusión pública y, por ello, se difunden verdades a medias y mentiras completas que merecen ser esclarecidas.

Veamos.

Ciudad de México (Proceso).– Es una constante grave la falta de compromiso con la verdad de las Fuerzas Armadas. No sólo se trata de unas cuantas manzanas podridas que, entre sus filas, se han dejado corromper, o bien, que han incurrido en violaciones abominables de derechos humanos.

El problema más serio es la mecánica de encubrimiento que se ordena, cada vez, desde la más alta investidura. ¿En qué se parecen los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa? En que ambos repiten un esfuerzo político descomunal para ocultar las desapariciones y la masacre.