CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido cuestionable por la manera en la que construyó, llevó y dio seguimiento a diversos casos.

Tal es la opinión de Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la Ciudad de México, quien afirma que la dependencia encargada de indagar y perseguir los delitos federales dejó de iniciar procesos contra figuras políticas protegidas, y en los que sí actuó “lo hizo con un sentido mucho más político que jurídico”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El 1 de diciembre de 2012 las redadas para someter a las multitudes que protestaban por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto marcaron el inicio de un periodo de represión contra movimientos sociales.

Todas las agresiones que suelen aplicarse a movimientos sociales y sus dirigentes y contra defensores de derechos humanos se usaron ese día en la Ciudad de México: se detuvo a un centenar de personas –32 de esas detenciones quedaron plenamente acreditadas como arbitrariedades–, 14 permanecieron presas y sujetas a proceso y hubo una veintena de heridos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fenece esta semana, quedará marcado por la impunidad, corrupción, violencia, pero sobre todo por el presunto involucramiento de autoridades de los tres niveles con los grupos criminales en la violación derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden en este dictamen, basados en los datos duros: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad de 98%.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La amnistía de Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno para no ser investigados por corrupción es producto de un pacto entre ambos, y el operador para concretarlo fue el canciller Luis Videgaray, asegura Carlos Navarrete, expresidente del PRD.

Ese acuerdo se formalizó en plena campaña electoral en una reunión entre López Obrador y Videgaray, previo al segundo debate de los candidatos presidenciales, el 20 de mayo, precisa Navarrete y afirma que a eso obedece la “transición de terciopelo” tras las elecciones y que incluye la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La propuesta del presidente electo de “perdonar” a políticos que incurrieron en actos de corrupción en el pasado no ha sido bien recibida por litigantes, especialistas ni por miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Para algunos, esa especie de “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México. 

El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en San Lázaro durante la madrugada del miércoles 14 dividió las opiniones de las bancadas. Mientras los representantes de Morena hablan de las bondades de la reingeniería integral que proponen Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ponen el acento en la concentración de poder en el próximo mandatario. Todos estarán supeditados a él, considera la priista Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la panista Adriana Dávila llega al grado de hablar sobre los supuestos riesgos de una “dictadura”.   

El andamiaje administrativo diseñado por Andrés Manuel López Obrador y afinado por la Cámara de Dipu­tados contiene medidas radicales cuyo propósito es apuntalar su proyecto de nación. Con esa reingeniería busca terminar con las cuotas de poder y el uso discrecional del dinero practicado por el priismo y sobre el cual se meció el PAN durante dos sexe­nios consecutivos, de 2000 a 2012.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La banca múltiple nacional está controlada por siete instituciones crediticias cuyos consejos administrativos incluyen los apellidos Slim, Azcárraga, Baillères, Larrea, Garza Sada, Aramburuzabala, Beckmann, Quintana, Servitje, Hank, Ramírez Magaña, Chedraui… Ellos y otros son la élite de la cúpula empresarial que ahora se muestra alarmada por la propuesta de los legisladores de Morena de acotar los cobros de comisiones y otros servicios bancarios. No es para menos: sus ingresos por esos cobros en 2017 equivalen a 2.4% del Producto Interno Bruto. 

En 2017, mientras el gasolinazo causaba estragos en la economía de los hogares y la inflación hundía los salarios de 41% de la población debajo de la línea de bienestar, los bancos tuvieron ingresos netos por 526 mil 246 millones de pesos –7.6% más que el año anterior– a raíz del cobro de comisiones y tasas de interés a usuarios y empresas nacionales.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La falta de consulta a la comunidad provocó que un aeropuerto que se construía en Creel, Chihuahua, fuera suspendido por orden judicial. Ideado durante la administración de César Duarte, el proyecto pretendía imponerse en Repechike, Bocoyna, sin tomar en cuenta la opinión de esa localidad poblada por rarámuris.

Para obras de este tipo los gobiernos están obligados a consultar a las comunidades, pues México suscribió y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La estela pesimista que dejó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la cúpula empresarial mexicana llegó al punto de poner en duda el actuar de Andrés Manuel López Obrador como hombre de Estado, señala en entrevista el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

Puntualiza: “Así como el presidente ha prometido una cuarta transformación, esperamos una transformación en la figura de López Obrador. Ha actuado como político local que fue en su estado. Tuvo una transformación cuando estuvo al frente de la jefatura de la Ciudad de México. Su tercera transformación cuando fue dirigente partidario y candidato en la última elección. Y esperábamos ver su transformación a una mayor altura como jefe de Estado”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La “plausible” decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de separar el poder económico del poder político, semejante a la hazaña de Benito Juárez de dividir el poder civil del poder eclesiástico, es de tal magnitud que exige una reforma institucional y un acompañamiento del Congreso y de su propio gabinete, porque si la emprende solo, así sea el jefe de Estado, fracasará, advierte el constitucionalista Diego Valadés.

Y es que ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, anunciada por López Obrador tras una consulta popular, Valadés lamenta que la participación del Congreso en el proceso sea “la más cercana a cero”, pese a que en ambas cámaras Morena tiene mayoría, y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública mantienen “el mismo viejo estilo” que no otorga responsabilidades al gabinete.