La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado son síntomas de la realidad del trasiego de drogas que prevalece en el país. El gobierno de Joe Biden se queja de las restricciones impuestas por el gobierno de López Obrador a los elementos de la DEA, quienes, resentidos, ya no comparten información con sus contrapartes mexicanas. “Aún no sabemos cuál fue la causa del cambio”, lamenta un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La ofensiva antimigrante del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, originada por su ideología conservadora y agravada por su intención de reelegirse el próximo noviembre, lo ha llevado a excesos como militarizar la frontera y montar juicios por “invasión” territorial. Y mientras el gobierno de Biden trata de eliminar políticas de contención como el Título 42, del lado mexicano gobernadores del PRI, PAN y MC acuerdan con Abbott medidas para sellar la franja limítrofe.
Con la persistencia de un maratonista, de un corredor de largo alcance, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se está esforzando todo lo que puede para intentar reelegirse en los comicios de noviembre próximo. Si gana, sería su tercer mandato.
WASHINGTON (proceso).– De la embajada de México en Washington desaparecieron archivos sobre las visitas que hizo a Estados Unidos Genaro García Luna como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como otros documentos de ese periodo.
Dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revelan a Proceso “la extraña desaparición” de esos archivos referentes a García Luna cuando él ocupó esos puestos clave durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
WASHINGTON (proceso).- La creciente necesidad de combatir con mayor eficacia y celeridad el narcotráfico, el terrorismo y el robo de bienes valiosos dio pie a una iniciativa mexicana para crear una red de intercambio de información entre agencias de inteligencia y policías federales de más de 40 países.
“El objetivo es generar una red de contactos y coordinación para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el robo de gran valor (bienes de la nación); sin burocracia, para que sea operativa”, explica vía telefónica a Proceso Nicolás González Perrín, policía federal y presidente de la Agrupación de Agregados Policiales de América Latina en Estados Unidos (Ipala, por su acrónimo en inglés).
Lourdes Cárdenas
EL PASO, Texas (proceso).- El trabajo en Keats Southwest Manufacturing no se detiene un solo minuto durante los cinco días de la semana. El ruido incesante de las prensas y máquinas troqueladoras se materializa en millones de estampados metálicos, cables minúsculos, conexiones, piezas de acero y ensamblajes para las industrias automotriz, aeroespacial, médico militar y de electrodomésticos.
Lourdes Cárdenas
EL PASO (proceso).- Los insistentes golpes en la puerta despertaron a Blanca y a su esposo Santiago a las seis de la mañana del pasado jueves 16. Él se levantó para abrir y, aún adormilado, permitió entrar a su casa a los agentes que habían ido a buscarlo. Minutos después estaba esposado y dentro de una camioneta que lo trasladó a la cárcel del condado, de donde quizá salga los próximos días deportado a México.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La “más reciente bofetada” del presidente Donald Trump a México ocurrió el pasado lunes 20, cuando John Kelly, el secretario estadunidense de Seguridad Nacional, firmó los dos polémicos memorandos que ordenan, entre otras cosas, la deportación a México de indocumentados que ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur, incluyendo a ciudadanos no mexicanos.
Un par de días después Kelly llegó a México en visita oficial, acompañado por Rex Tillerson, el secretario de Estado.
WASHINGTON (proceso).- El Capitolio, no Donald Trump, tendrá la última palabra sobre una eventual renegociación del TLCAN; además, la abrogación de este acuerdo causaría una crisis política y económica en Estados Unidos, aseguran quienes participaron en la elaboración del compromiso comercial que arrancó en 1994.
Quienes conocen al detalle los vericuetos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sostienen que para Trump sería contraproducente cumplir su amenaza de renegociar o anular el acuerdo, porque serían empresas y productores estadunidenses los que pagarían mayores impuestos fronterizos (aranceles), no los de México.