Helena Varela y Pablo Reyna*

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En agosto se habrán cumplido cuatro años del derrame tóxico en Sonora provocado por Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. Las versiones oficiales de la empresa y el gobierno no podrían ser más distantes de las percepciones de la gente que habita la región y que se organizó en los Comités de Cuenca Río Sonora, a los que he acompañado desde hace poco más de tres años como abogado de PODER –una organización regional, sin fines de lucro, que trabaja para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en México y América Latina desde una perspectiva de derechos humanos–.

La novedad en estos últimos días es que el pasado 11 de abril la Segunda Sala de la Suprema Corte ha decidido conocer dos de los varios juicios de amparo que se han promovido para buscar remediar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por las actividades de la empresa minera. Este acontecimiento brinda algo de esperanza para hallar verdad y justicia para el caso.

José Mauro González-Luna Mendoza

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Las elecciones del domingo 1 de julio tendrán lugar exactamente en tres meses. A lo largo de 91 días se celebrará uno de los comicios más importantes en la historia de México. No sólo se disputarán más de 18 mil cargos públicos (desde miles de regidores municipales hasta la Presidencia de la República) sino que también el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de enviar un mensaje al mundo con respecto a su dignidad republicana, su capacidad organizativa y su conciencia social.
¿Somos tan pacientes, pasivos y desorganizados como dictan los estereotipos de Hollywood sobre los mexicanos? ¿O seremos capaces de llevar a cabo una enorme revolución silenciosa en las urnas para botar a los corruptos y defender la soberanía nacional?

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Hace más de tres años, en un artículo intitulado “La desmemoria de la velocidad” (La Jornada Semanal 1019) escribía que ciertas enfermedades son símbolos de enfermedades sociales y que, quizá, la que hoy mejor nos representa en su horror sea el alzheimer: el olvido de ser, la pérdida de la memoria que es, a su vez, la pérdida del presente y del futuro, la desorientación absoluta. Si lo recuerdo es porque la velocidad de los medios de comunicación nos ha hecho entrar en un alzheimer social.

A principios del siglo XX Charles Péguy, uno de los más altos escritores espirituales de Francia, escribía con asombro y espanto: “Nada es más viejo que el periódico de ayer”. Un siglo después habría que decir que nada es más viejo que el Twitter de hace dos minutos. La velocidad, al igual que sucede con el alzheimer, no sólo desplaza el ayer, desplaza el instante presente convertido en ayer, sumergiéndonos en la vertiginosidad del caos: un mundo sin relaciones ni vínculos.

Jorge Ruiz Reyes*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, policías de la Ciudad de México desaparecieron a un joven de 17 años, #MarcoAntonioSánchezFlores, tal como se desprende del testimonio del amigo que le acompañaba ese día.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En los últimos tres meses el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó a tres alcaldes y sus respectivos cabildos y al delegado en la Venustiano Carranza de la Ciudad de México por su negativa a cumplir con sentencias de amparo, lo cual en principio es un buen precedente que contribuye a la instauración del estado de derecho en México.

El juicio de amparo tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las acciones de las autoridades y, en este sentido, es crucial que sus sentencias se acaten y se cumplan, pues es precisamente lo que impide la violación de los derechos. Lamentablemente son muchos los casos en los que las autoridades administrativas simplemente las ignoraban, y la Corte, hasta noviembre del año pasado, era en términos generales muy laxa en su exigencia y emplazaba una y otra vez a las autoridades administrativas, pero no exigía su cumplimiento.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Después de casi 10 años de incumplir con la obligación autoimpuesta de expedir la ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, los legisladores pueden ser obligados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacerlo antes del 30 de abril de 2018.

El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia electoral en la que se incluía la adición del entonces párrafo séptimo al artículo 134, para establecer los criterios generales que deben regir la propaganda gubernamental y prohibir que la misma se utilice para la promoción personalizada de los servidores públicos. El artículo tercero transitorio ordenaba a los legisladores “realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto”.