CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien estuvo desaparecido durante cinco días, es ilustrativo de la violencia y discriminación que viven millones de adolescentes en México, víctimas del modelo de seguridad adoptado en los últimos 12 años.
CIUDAD DE México (proceso).- Ante la proximidad de la selección de aspirantes a candidatos a diputados y senadores por el PRI, un torrente de funcionarios, exlíderes del partido, dirigentes sindicales y sectoriales, legisladores, exgobernadores, empresarios e hijos de mandatarios con biografías cuestionables han hecho una larga fila en la que se pelean los primeros lugares.
Jorge Ruiz Reyes*
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, policías de la Ciudad de México desaparecieron a un joven de 17 años, #MarcoAntonioSánchezFlores, tal como se desprende del testimonio del amigo que le acompañaba ese día.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En los últimos tres meses el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó a tres alcaldes y sus respectivos cabildos y al delegado en la Venustiano Carranza de la Ciudad de México por su negativa a cumplir con sentencias de amparo, lo cual en principio es un buen precedente que contribuye a la instauración del estado de derecho en México.
El juicio de amparo tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las acciones de las autoridades y, en este sentido, es crucial que sus sentencias se acaten y se cumplan, pues es precisamente lo que impide la violación de los derechos. Lamentablemente son muchos los casos en los que las autoridades administrativas simplemente las ignoraban, y la Corte, hasta noviembre del año pasado, era en términos generales muy laxa en su exigencia y emplazaba una y otra vez a las autoridades administrativas, pero no exigía su cumplimiento.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Patricia Mayorga, quien se ha desempeñado como corresponsal de Proceso en Chihuahua, compartió fuente e inquietudes profesionales con Miroslava Breach, ejecutada el 23 de marzo presuntamente por informar sobre los políticos locales ligados con el narcotráfico.
GUADALAJARA, Jal. (proceso).– Ser invitado de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) que se realiza desde hace 31 años, conlleva una serie de requisitos que no cualquier entidad puede cumplir: uno de ellos es erogar una cantidad onerosa para solventar los gastos de traer escritores, espectáculos, montar exposiciones y, por supuesto, levantar un gran pabellón.
A unos días de concluida la FIL, la más importante en lengua hispana, Marisol Schulz Manaut, su directora desde marzo de 2013, con un rostro más relajado a como lucía durante la realización del evento, concede la entrevista en su oficina, una casona de la avenida Alemania, en la colonia Moderna.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A un año de que termine el gobierno de Enrique Peña Nieto y con la seguridad del país en su peor momento en décadas, la Policía Federal (PF) se prepara con el fin de crear un grupo que será destacado a lo largo de toda la franja donde la administración de Donald Trump proyecta levantar un muro que separe México de Estados Unidos.
Desde el pasado octubre, distintas divisiones de la PF han sido convocadas para que sus agentes se integren a lo que será la Unidad de Protección Fronteriza (UPF) y, antes de que termine el sexenio, asuman las funciones que hasta ahora tiene la División de Gendarmería.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Después de casi 10 años de incumplir con la obligación autoimpuesta de expedir la ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, los legisladores pueden ser obligados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacerlo antes del 30 de abril de 2018.
El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia electoral en la que se incluía la adición del entonces párrafo séptimo al artículo 134, para establecer los criterios generales que deben regir la propaganda gubernamental y prohibir que la misma se utilice para la promoción personalizada de los servidores públicos. El artículo tercero transitorio ordenaba a los legisladores “realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto”.