CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En 2011, cuando la guerra desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico comenzaba a llenar el país de sangre, desaparecidos y fosas, las víctimas creamos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y salimos a la calle. Uno de sus logros, después de largas y extenuantes marchas y de difíciles y dolorosos diálogos, fue la creación de la Ley General de Víctimas (LGV), de su órgano ejecutivo –la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)–, del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FARI).

Por desgracia, todo eso fue destruido con la extinción de su fideicomiso que la mayoría del Senado votó el pasado 21 de octubre. La atrocidad no está tanto en la extinción del fideicomiso, como en la eliminación que con él se hizo de la fracción I del artículo 132 de la LGV que obligaba a la Cámara de Diputados a dotar al FARI con no menos de 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PFE), fondo que ese fideicomiso administraba.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El INE volvió a equivocarse al otorgar registro al Partido Encuentro Solidario. Mientras los reflectores están enfocados en la querella con México Libre, poco se han considerado las consecuencias de una decisión polémica que puede comprometer el comportamiento social y político de las minorías tanto religiosas como seculares. Los consejeros vuelven a otorgar el registro al PES, como en 2014, un partido de corte confesional y conservador. La errónea decisión del Consejo General atenta contra los principios constitucionales del Estado laico contenidos en los artículos 40 y 130 así como en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Como el Ave Fénix, el PES de Hugo Éric Flores regresa de sus cenizas del proceso electoral de 2018, recordemos, cuando no alcanzó el mínimo de 3% de la votación para conservar su registro.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El fin justifica los medios. Esta frase, atribuida a Maquiavelo, forma parte de todos los justicieros. La injusticia, que saben mirar y denunciar en otros, se vuelve en ellos necesidad por la nobleza del fin. Donde hay un justiciero habrá siempre un transgresor que se exculpa y un perseguidor. El jesuita Baltasar Gracián (s. XVII) lo expresó con la claridad que siempre le fue propia: “Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios”.

López Obrador y mucha gente allegada a él pertenecen a esa estirpe. Lo sabíamos, pero quedaron exhibidos en esa guerra de lodo mediático que el presidente y la oposición desataron con los videoescándalos. Lo que vimos en uno y otro fueron actos graves de corrupción que merecen ser investigados y castigados a fondo. Pero para los justicieros de la 4T eran de índole distinta. El primero –dinero entregado por el gobierno de Peña Nieto para corromper legisladores–, un acto criminal contra México; el segundo –dinero entregado a Pío López Obrador mediante un operador del gobierno de Chiapas para financiar la campaña política de AMLO–, un acto de patriotismo.

Para José Vicente Anaya, custodio de la palabra

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El nazismo tuvo también sus mañaneras. No las presidía Hitler –había que resguardar la investidura para los momentos de apoteosis–, sino su ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, un genio en esos menesteres.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- “Se llama el Barranco de la Carnicería porque antes los robavacas ahí destazaban. Después de eso los de la maña ahí (también) destazaban… fue por eso que se le quedó el nombre.”

El testimonio es de Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder comunitario de Guerrero. Él se entrevistó con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Fue el primero que señaló, como probable destino de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el Barranco de la Carnicería.