CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En sentido estricto, el estado de excepción, dice Giorgio Agamben, “es la respuesta inmediata del poder del Estado a los conflictos internos más extremos”. Desde que al inicio de su mandato Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y, definiendo al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, decretó la guerra contra él, instauró esa excepcionalidad en nuestro país y con ella una guerra civil que al día de hoy no sólo ha cobrado centenas de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados, sino que de facto nos ha desposeído de nuestras libertades personales: pese a que nuestros derechos están vigentes en la Constitución, en la realidad carecemos de ellos: desde hace 12 años se asesina, se extorsiona, se desparece a las personas y reina el terror, bajo la complicidad del Estado con los grandes intereses económicos, sean ilegales –los del narcotráfico y el crimen organizado– o legales –los de las grandes trasnacionales.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior –ya aprobada por el Congreso– no tiene otra finalidad que legalizar ese estado de excepción, como lo hizo Hitler al inicio de su gobierno con su Decreto para la protección del pueblo y del Estado, y, con ello, legalizar también la guerra civil, a fin de darle una justificación jurídica a lo que en el orden de la legitimidad no puede tener forma legal: la eliminación física tanto de los enemigos –en este caso el crimen organizado– como –bajo el pretexto del “orden y la paz públicos”– de adversarios políticos peligrosos para el régimen y de franjas enteras de ciudadanos que no son funcionales o integrables al proyecto económico neoliberal: pobres, migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas incómodos o simplemente cualquiera, como no deja de suceder cada día en México.

José Mauro González-Luna Mendoza / CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suspensión de garantías en un verdadero régimen constitucional es una excepción transitoria a la regla del estado de derecho que defiende y garantiza los derechos humanos fundamentales, y además, una excepción perfectamente acotada en cuanto a su alcance.

La regla permanece intacta en las zonas no cubiertas por la suspensión, y en las cubiertas por la misma, vuelve a regir tras la transitoria y acotada excepción. 

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Ya basta de ocurrencias y decisiones apresuradas, especialmente en materia de seguridad pública, pues las mismas ya han costado cientos de miles de vidas y decenas de miles de desaparecidos, con el consiguiente daño para sus familias, además del crecimiento desmesurado de los índices delictivos, las adicciones a las drogas, las violaciones a los derechos humanos y de la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía.

Esta semana se agudizó la presión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que el Congreso de la Unión apruebe su proyecto de Ley de Seguridad Interior, pese a las advertencias del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de varias organizaciones de la sociedad civil.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La andanada de acusaciones temerarias con respecto a la presunta “intervención rusa” en las elecciones de 2018 en México tiene el propósito de generar una cortina de humo para esconder la muy real injerencia ilegal que ya se encuentra en proceso desde Los Pinos y los Estados Unidos. Con base en mentiras y datos fabricados a modo, y como si todavía estuviéramos inmersos en la Guerra Fría, voceros del régimen, como Javier Tejado, Gabriel Quadri, Pablo Hiriart, Felipe Calderón, Shannon O’Neil y Fernando García Ramírez buscan sembrar el miedo y fomentar el pánico entre el electorado.

El propósito es alejar a los ciudadanos de las urnas y así perder la oportunidad de lograr un cambio político pacífico durante las próximas elecciones presidenciales.

CUERNAVACA, Mor. (proceso).- Democracia se ha convertido en una palabra amiba: carece de contornos. Ha servido lo mismo para justificar el fraude electoral del Estado de México y las corrupciones de las partidocracias, que para exaltarla como la mejor forma de gobierno. En nombre de ella, los revolucionarios franceses levantaron la guillotina y Escocia logró su independencia.

Marta Lamas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El pasado miércoles 11 se llevó a cabo el coloquio “Marta Lamas en diálogo con XY”. Si usted, al igual que yo, no tiene Facebook ni circula en las redes, probablemente ni se enteró del revuelo que se organizó. Déjeme que le cuente, pues resultó un indicador de varias cosas interesantes.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A lo largo de mis columnas de Proceso no he dejado de señalar que vivimos una crisis civilizatoria, es decir, el colapso de las instituciones que un día rigieron el orden político de la sociedad. Sus muestras más evidentes en México son ya un lugar común: la corrupción de las instancias de gobierno y de los partidos, la colusión de éstos con el crimen organizado, cuya expresión más brutal en su inhumanidad son la inseguridad, los cientos de miles de asesinados, de desaparecidos y de fosas clandestinas, las intrincadas redes de trata y la ausencia de cualquier sentido de gobierno y de justicia.

Aunque todos padecemos sus estragos, nadie o muy pocos osan mirarlo así. Sin embargo, las consecuencias del sismo han hecho más clara la crisis. Rebasado por el caos y por los destellos de autogestión y organización ciudadana, es ya imposible negar que el Estado y sus instituciones están colapsados. Nada hay, en la actual realidad política, que ampare la posibilidad de que el Estado se rehaga y la vida social se recomponga. La crisis, como lo han expresado los movimientos más clarividentes, como el zapatismo, es sistémica y no habrá hombres ni mujeres, por más honestos que sean, que puedan rehacerlo. Es imposible construir un gobierno, en el sentido de rumbo y de vida humana, con estructuras que dejaron de funcionar, que se volvieron decrépitas, que dieron de sí y que, como el ser humano que las creó, terminarán por morir.