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ANÁLISIS

Marta Lamas

MEXICO, DF, 3 de septiembre (proceso).- Con el objetivo de difundir e intercambiar información e investigación de punta sobre uso del tiempo y economía del cuidado, ONU Mujeres, la Cepal, el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres realizaron la semana pasada la reunión de trabajo “Políticas públicas, uso del tiempo y economía del cuidado. La importancia de las estadísticas nacionales”. A lo largo de dos días, expertos de varios países de América Latina expusieron los resultados de encuestas que exploran el uso del tiempo dentro de las familias, así como de investigaciones sobre aspectos básicos de la economía del cuidado.

Sabina Berman

MEXICO, DF, 3 de septiembre (proceso).- 1.

Olga Pellicer

MEXICO, DF, 3 de septiembre (proceso).- Las reacciones a los trágicos sucesos de Monterrey han sido muchas. Entre ellas sobresale el discurso pronunciado por el jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, un día después de los acontecimientos, el 26 de agosto. Para algunos, el documento carece de una respuesta a la altura del dramatismo de la tragedia. En gran parte es cierto, y, sin embargo, se encuentran allí dos novedades interesantes: ubicar los hechos ocurridos en el Casino Royale dentro de la categoría de actos terroristas, y adjudicar gran parte de la responsabilidad de la violencia que sacude al país al pueblo y al gobierno de Estados Unidos.

Axel Didriksson

MEXICO, DF, 3 de septiembre (proceso).- Quienes están a cargo de los grandes asuntos que definen el resquebrajado modelo de desarrollo que tenemos afirman de forma contundente que en México están bajo control los nubarrones financieros y especulativos que cimbran a los otrora países de alto desarrollo, los desastres políticos que se padecen y los nunca antes vistos niveles de violencia y barbarie que se resienten hasta en territorios de gran cohesión social como Noruega, Suecia, Islandia o Suiza.

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ANÁLISIS

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EL FIN DEL PRIAN

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ANÁLISIS

MÉXICO, D.F., 20 de agosto (proceso).- Cuando parecía que la economía mexicana se estaba recuperando, las exportaciones crecían, las inversiones extranjeras subían y hasta se podía hablar de aumento del empleo, las malas noticias han hecho sonar la alarma. La recesión que comenzó en 2008 no ha terminado; sus manifestaciones actuales son aún más devastadoras. Los países del Atlántico norte, Europa occidental y Estados Unidos, se encuentran ante graves problemas derivados del aumento de su déficit público, las dificultades para pagar sus deudas y la imposibilidad de encontrar nuevos caminos para reanimar sus economías. El futuro no será halagador en esos países: habrá una disminución de sus gastos gubernamentales, los ritmos de crecimiento de su economía serán muy lentos, el desempleo seguirá al alza, sobre todo entre los jóvenes. Para México, muy vulnerable a lo que ocurre en el exterior, las perspectivas son una repetición de lo ocurrido en el 2009.
Importa tener presente que el comercio exterior representa un porcentaje muy alto del PIB en México, cerca del 60%. El comportamiento del mismo, alrededor del 65% con Estados Unidos, es fundamental para el crecimiento de la economía mexicana. No es extraño que en el 2009, como reflejo de la recesión en aquel país, el PIB en México cayera 6% y se perdieran más de 700 mil empleos. Las cifras desfavorables sobre la situación social en México que salieron a la luz en el censo del 2010 son, en gran medida, el resultado de esa caída.

MÉXICO, D.F., 20 de agosto (proceso).- El pasado 12 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que “los demás jueces (los no pertenecientes al Poder Judicial de la Federación), en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones”.
En su momento, el tema no provocó mayores reacciones porque la cobertura mediática destacó otra resolución del mismo expediente en el sentido de que los delitos cometidos por los militares en contra de civiles debían ser resueltos en los juzgados civiles y no en los militares, es decir, ponía fin a la práctica de mantener el fuero militar, el cual se aplicaba aun en contra del artículo 13 de la Constitución, que reza: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.