CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Tantas formas de saquear a Pemex. Tantas maneras de ordeñar y huachicolear desde hace décadas. La gran empresa nacional –“de todos los mexicanos”– usada como caja chica y caja fuerte por presidentes y directores y contratistas y líderes sindicales y criminales dentro del gobierno y fuera de él. Empresa nacionalizada y privatizada, saqueada y exprimida, concebida y asesinada, como escribe Ana Lilia Pérez en el libro Pemex RIP. Expoliada para proveer más de 40% del presupuesto público, para financiar el gasto corriente, para construir emporios privados, para comprar elecciones presidenciales, para apuntalar gubernaturas y rescatar compañías quebradas de los cuates. El oro negro que produjo manos manchadas. El patrimonio de los mexicanos, mal utilizado, despilfarrado, estropeado. Y los responsables tienen nombre y apellido. Pululan impunes y perdonados cuando deberían ser investigados y sancionados.

ANÁLISIS / CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 14 de septiembre, en el Centro Cultural Tlatelolco, durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el que los colectivos de víctimas le propusimos a Andrés Manuel López Obrador la agenda de justicia transicional, el entonces presidente electo dijo a manera de conclusión: “Yo les digo, por lo que corresponde a mi responsabilidad, y lo voy hacer ya en el momento en que llegue a la Presidencia, voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. No sólo voy a pedir perdón, voy a comprometerme a que va a haber justicia en lo que humanamente está de mi parte. No están solos (…)”. 

Ningún presidente antes de López Obrador había asumido esa responsabilidad de Estado. Esas palabras, en un México profundamente adolorido y victimizado, y en el marco de los 50 años de la masacre del 68, marcó una honda diferencia: teníamos frente a nosotros, por fin, a un estadista que tomaría en sus manos la agenda fundamental del país: la de la justicia a las víctimas que lleva a la paz, sin las cuales México permanecerá en el infierno.

Mario Patrón Sánchez*

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –que se cumple este 10 de diciembre– y ante el comienzo de un nuevo sexenio, vale la pena mirar desde el prisma de los derechos la realidad nacional. El cambio del partido en el gobierno –sobre todo cuando ocurre de una forma tan contundente– obliga a hacer una reflexión sobre el estado de las cosas en el país y las posibilidades que se abren para el futuro. Una mirada desde los derechos humanos nos permite, además, abordar aspectos que tocan de manera inmediata, profunda y definitoria la vida concreta de millones de personas.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Querido Andrés Manuel:

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Difícil descifrar lo que AMLO hará sobre el tema de la impunidad. Difícil discernir cuál será la decisión final ante tantos mensajes encontrados. Un día afirma que habrá perdón para los corruptos, al otro revira y anuncia que se someterá a una consulta. Un día dice que hurgar en el pasado sólo produciría inestabilidad, al otro esclarece que lo hará si el pueblo se lo pide. Muchos electores tratan de entender los vuelcos impredecibles y justificarlos, mientras otros cuestionan la congruencia de quien prometió combatir la corrupción y ahora no se sabe cómo y hasta dónde lo hará. La falta de claridad inquieta, porque si no se encara el pasado, terminará por hacerse presente. La impunidad que llevamos décadas arrastrando seguirá ahí, saboteando el espíritu de la Cuarta Transformación. Porque, como escribiera Vaclav Havel: “En los nuevos tiempos debemos descender al fondo de nuestra miseria para entender la verdad, tal como uno debe descender al final del pozo para ver las estrellas”.

La verdad sobre Odebrecht. La verdad sobre Ayotzinapa. La verdad sobre OHL. La verdad sobre la Estafa Maestra. La verdad sobre el gobierno espía. Verdad producto de investigaciones que en el próximo sexenio esperaríamos ver iniciadas por el Poder Judicial, impulsadas por las partes del Sistema Nacional Anticorrupción que dependen del Poder Ejecutivo, apoyadas por cada miembro de Morena, dada su trayectoria y lo que el partido prometió encarar.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-

1) Si Enrique Peña Nieto hubiera tuiteado calificando a la revista Proceso como un semanario “amarillista” por publicar una portada crítica sobre su gestión, usted:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido.

Marta Lamas

CIUDAD D EMÉXICO (proceso).- Hace años Avishai Margalit definió como “sociedad decente” aquella “cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad”, y la distinguió de una “sociedad civilizada”, que es aquella cuyos integrantes no se humillan unos a otros. Para Margalit “sociedad civilizada” es un concepto microético que atañe a las relaciones entre los seres humanos, mientras que “sociedad decente” es un concepto macroético, vinculado a la organización social en su conjunto.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Tantas lágrimas vertidas. Tanta tristeza acumulada. Tantos reclamos recibidos. Los Foros para la Pacificación y la Reconciliación fueron una catarsis colectiva por parte de miles de víctimas denunciando a sus victimarios. Fueron un grito de rabia ante años de desatención, años de gobierno ausente. Fueron una exigencia para que el Estado reconozca la responsabilidad que le toca en vez de eludirla o argumentar que no existe. Y hay que celebrar su mera existencia a pesar de la desorganización, las cancelaciones, la improvisación. Andrés Manuel López Obrador tuvo la valentía de encarar a los dolientes, en lugar de esconderse en el baño de una universidad. Estuvo ahí, escuchando, aprendiendo, empatizando. Pocas veces –o quizá nunca– vimos algo así con sus predecesores. Se hizo cargo y prometió reparar el daño producido por más de una década de violencia que el Estado intentó abatir pero terminó por exacerbar.

Y vimos cómo comenzó a modificar el discurso gubernamental. No apostarle a la guerra. Sí atacar las raíces de la pobreza, de la desigualdad, de la criminalidad. No enterrar el caso de Ayotzinapa y más bien investigarlo hasta conocer la verdad. Sí a la formación de fuerzas del orden entrenadas para respetar y proteger los derechos humanos. No a la evasión del escrutinio internacional a la crisis de violencia que padece el país. Surgen así los esbozos de un cambio de visión, un cambio de paradigma en temas que tanto el sexenio de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto nunca colocaron en el centro del debate o la atención. Lo suyo era cómo hacer más eficaz la guerra, no cómo buscar mecanismos para la paz. Lo suyo era perseguir al narcotráfico, no cómo despenalizarlo. Bienvenido entonces este viraje que quizá nos rescate del despeñadero.