CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A decir de expertos en política salarial y laboral, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios obtienen las mayores ganancias con grandes empresas que pagan sueldos de miseria y dan prestaciones incompletas. Es decir, crean empleos precarios pero no en proporción con su creciente riqueza, además de que son responsables de la colusión histórica con el Estado para mantener los salarios mínimos en niveles bajísimos.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- En menos de tres días, con claras violaciones al proceso legislativo, acusaciones de “mayoriteo”, “madruguetes” y hasta de “corrupción procedimental”, los senadores del PRI, PVEM y algunos de la bancada del PAN ayudaron a aprobar un paquete de reformas para mantener el control de la Secretaría de Gobernación sobre los medios y la publicidad oficial, a través de la llamada Ley Chayote.
Asimismo, ese bloque de legisladores modificó artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor a propuesta del senador Javier Lozano, a fin de autorizar “medidas precautorias” que pueden llegar al embargo de sitios digitales y otros medios de comunicación.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A veces solas y otras en consorcio, un puñado de empresas se repartió el pastel multimillonario de los contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: recibieron más de 1 billón 184 mil millones de pesos durante los primeros cinco años de la administración actual, la mitad del monto total otorgado a actores del sector privado.
Los dueños y presidentes de los consejos de administración de estos grupos, llámense Carlos Hank Rhon, Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa Cantú, Hipólito Gerard Rivero, Carlos Ruiz Sacristán, Juan Miguel Villar Mir, Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim Helú o Nicolás Mariscal Servitje, entre otros, tienen vínculos de larga data con el PRI, y en especial con el gobierno de Peña Nieto.
Jorge Carrasco Araizaga y Jesusa Cervantes / CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El escándalo de la corrupción de Odebrecht alcanzó al embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández. Su familia es accionista mayoritaria de Grupo Idesa, conglomerado que durante el gobierno de Felipe Calderón se asoció con Braskem S.A., la filial petroquímica de Odebrecht.
La relación de Odebrecht con la familia del embajador del gobierno de Enrique Peña Nieto en Washington se mantuvo fuera de los reflectores hasta la semana pasada, cuando se conoció la muerte, el viernes 10, del ingeniero Guillermo Gutiérrez Saldívar.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- En 1990 México, Estados Unidos y Canadá anunciaron su decisión de iniciar pláticas formales, al año siguiente, para establecer un tratado de libre comercio, que a la postre sería una renovación y complemento del acuerdo que desde hacía años tenían los dos segundos.
México, encabezado por un reformador e hiperactivo presidente Carlos Salinas de Gortari –que devendría, por muchas razones, en uno de los mandatarios más denostados en la historia del país–, no se quería quedar fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se convertiría en una poderosa región comercial, económica y financiera.
WASHINGTON (proceso).- En la ceremonia de inauguración de la primera ronda de la renegociación del TLCAN, la semana pasada en Washington, el gobierno estadunidense inició el proceso con un tono de confrontación, condicionando las negociaciones al cumplimiento de los caprichos electorales de Trump.
El gobierno mexicano sostiene que no permitirá imposiciones. “Tenemos líneas rojas que no podemos cruzar”, afirma en entrevista con Proceso Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- En el mundo fantástico en que parece vivir el presidente Enrique Peña Nieto no hay boquetes mortales en carreteras, producto de la corrupción. Tampoco desaseos electorales que frustren aspiraciones ciudadanas y pongan en entredicho la credibilidad de las instituciones electorales.
En ese mundo mágico tampoco hay una justicia blandengue que no acierta a poner en su lugar a exgobernadores expoliadores del fisco, impunes, cómplices de delincuentes y corruptos sin límite.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- En menos de un mes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios Prieto, tomó dos decisiones que han cimbrado al mundo financiero y bursátil mexicano, pero también a la cúpula hacendaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente al equipo formado por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
La primera decisión fue el anuncio, el pasado 19 de abril, de una investigación sin precedente para analizar la posible colusión entre grupos financieros, casas de bolsa, administradoras de fondos de retiro (afores) y organismos reguladores durante los últimos 10 años para beneficiarse del manejo y servicio del mercado de valores gubernamentales, calculado en 6.2 billones de pesos, en perjuicio de la hacienda pública.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- En una clara acción concertada, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera sobre dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el Ejecutivo federal y el Senado, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó vía fast track una auténtica contrarreforma que quita facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de defensa de los derechos de las audiencias y, además, contradice la prohibición expresa del artículo 6 constitucional de transmitir publicidad o propaganda como si fuera información.
En 2013, el Congreso aprobó una reforma que molestó sobremanera a los concesionarios de radio y televisión, especialmente a Televisa y sus cabilderos, la cual señala, en su artículo 6, lo siguiente: