CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 20 de enero de 2016 Sergio Aguayo publicó un artículo en el diario Reforma en el que señaló presuntos actos de corrupción de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, y dijo que ese personaje despide un “hedor corrupto”. Medio año más tarde, el también exdirigente nacional del PRI demandó al investigador por daño a su imagen pública.

Tras cuatro años de juicio, el magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Francisco José Huber Olea Contró, encontró culpable a Aguayo y autorizó el embargo de sus propiedades si el articulista no le paga a Moreira 10 millones de pesos, por causarle “daño moral”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 30 de enero último el gobierno federal anunció la liberación de 10 mil cajas de documentos oficiales pertenecientes a las extintas agencias de inteligencia mexicanas: la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que contienen información relevante sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en casos como la guerra sucia. Sin embargo, la transparencia se ha aplicado a cuentagotas, lamentan académicos e investigadores.

La declaratoria que formalizó dicha apertura ocurrió a casi un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las dependencias federales transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos” relacionados con las “violaciones de derechos humanos y con las persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un anuncio estilo oficio institucional, escrito en mayúsculas y con errores ortográficos –en realidad copia simple sin firma, sin sellos ni responsable formal–, sepultó indefinidamente la historia oficial de las represiones, los expedientes sobre las actividades tempranas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Esther Gordillo, Manuel Bartlett y otros funcionarios federales, así como de miles de personas cuya actuación pública fue definitiva en procesos electorales, actividades político-religiosas, relaciones y negociaciones con el hampa, e, inclusive, el registro que las policías políticas hicieron de las privatizaciones:

“Le informamos que a partir del 06 de enero de 2020 el fondo documental denominado ‘Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)’, estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Por su comprensión y apoyo. muchas gracias” (sic).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El viernes 31 de enero dejé de ser el director de Proceso.

Aún no es tiempo de la memoria profunda, pero sí de ciertas evocaciones y algunas reflexiones.

Estos son los textos del semanario Proceso correspondientes al 18 de enero de 2020

MIGRACIÓN

Dardo Justino Rodríguez Masci

TEGUCIGALPA (proceso) .- “Alguien que va huyendo no lleva sueños. Se van para poder sobrevivir. Este país ya es un desierto… nos toca llorar en silencio”. Son palabras de un tendero hondureño dichas el miércoles 15 al abogado Roger Pineda, miembro de una ONG.

Previsiones para este sábado 28 de diciembre

1.- Ahora es “Mexica”, de Amazon, la que arrasará Xochimilco / Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador hubo 2.43 feminicidios por día, la cifra más alta en los últimos cinco años –fecha en la que las autoridades federales iniciaron los registros de este tipo de ilícito–, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pese a la creación de la Guardia Nacional, la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, la declaratoria de alerta de género en varias entidades y las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, la ola criminal no se detiene.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El 11 de diciembre de 2018 el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, envió una carta al titular de la Secretaría de la Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, en la que le pedía atender el caso de una maestra de inglés acosada y violada sexualmente en junio de ese año por un cabo adscrito a la dependencia. El almirante tenía 10 días en el cargo cuando recibió la petición “con carácter de urgencia”.

El 11 de enero de 2019, cuando el gabinete de seguridad defendía la creación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, la madre de la agraviada –a quien se identifica como Claudia– interrumpió la audiencia y se dirigió a Ojeda Durán: “Después de la violación, mi hija ha sufrido mucha violencia de género dentro de las instalaciones de Marina y lo último que le hicieron en diciembre fue cancelarle las terapias psicológicas… ¡Le suplico justicia! ¡Si quiere que lo haga de rodillas, lo haré!”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Considerada durante los últimos 10 años como una urbe con escaso índice de desapariciones de personas, la Ciudad de México está sumándose a la lista negra de entidades en donde la tragedia se agudiza, con mujeres y niñas como un sector especialmente vulnerable.

En entrevistas por separado, familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos que las acompañan coinciden: en la Ciudad de México persisten omisiones y fallas que revictimizan y reflejan la falta de mecanismos efectivos de búsqueda, como ocurre en otros estados.