Regresión en materia de  derechos de la audiencia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Con una furia y consistencia que no se habían visto antes, los concesionarios de radio y televisión agrupados en la CIRT, los principales comentaristas y periodistas que trabajan en esta industria, más senadores, alcaldes, gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, empresarios y hasta la arquidiócesis capitalina sumaron sus voces para descalificar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer desde el 21 de diciembre de 2016 y que debían entrar en vigor el próximo jueves 16.

Las críticas más difundidas fueron que estos lineamientos “violan la libertad de expresión”, constituyen “censura previa” y son una extralimitación de las funciones y atribuciones del IFT porque establecen, entre otras cosas, la obligación de diferenciar opinión de información, distinguir la publicidad del contenido programático, establecer requisitos y procedimientos para el registro de defensores de audiencias en cada estación, obligan también a elaborar códigos de ética tanto entre programadores y concesionarios de radiodifusión como de televisión restringida, así como a realizar “campañas integrales de alfabetización mediática”.

La Constitución capitalina,  un parto con dolor

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El anhelo de autonomía que la capital del país tiene desde hace más de 30 años se materializó el pasado 31 de enero. En la casona de Xicoténcatl –antigua sede del Senado– se le puso punto final a la primera Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, el logro de la Asamblea Constituyente no tuvo un camino terso: hubo renuncias, acusaciones de discriminación, ausentismo, votaciones guiadas por cuotas de poder y presiones de grupos de interés que, en conjunto, frenaron alrededor de 15% del proyecto elaborado por el grupo redactor del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Peor aún, el resultado –que ni Cuauhtémoc Cárdenas ni Andrés Manuel López Obrador ni Marcelo Ebrard consiguieron– llevará el estigma de haber sido alcanzado gracias a un trueque político: en diciembre de 2012 el mandatario local aceptó firmar el Pacto por México promovido por el presidente Enrique Peña Nieto.

En marcha, la campaña de odio y la cacería de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Las dos órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump el pasado miércoles 25 –la primera, sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna– auguran tiempos oscuros para los migrantes en Estados Unidos: el magnate ordena una cacería de indocumentados, convierte a los policías en agentes de “La Migra”, fomenta las campañas de odio contra los migrantes e instruye el arranque de las deportaciones masivas.

Ambas órdenes ejecutivas plantean una serie de medidas que, con el pretexto de la “transparencia”, articulan una agresiva estrategia mediática, la cual asociará la inmigración con la criminalidad, fomentará el odio y el miedo hacia los indocumentados, y debilitará el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

Las “ciudades santuario” se organizan para la resistencia

SOMERVILLE, MASSACHUSETTS (proceso).- Ante el auditorio lleno de conciudadanos nerviosos por el triunfo de Donald J. Trump, el alcalde local, el demócrata Joseph Curtatone, comienza su discurso con la afirmación de que Somerville seguirá honrando los valores de compasión, civilidad, humanismo, empatía y solidaridad con los migrantes, que la han caracterizado desde que se convirtió en ciudad santuario.

Asegura que esta comunidad conurbada de Boston, donde se hablan 52 idiomas, dará la pelea contra el proyecto de la Casa Blanca de deportar a los indocumentados: sus funcionarios, en particular los policías, no colaborarán con los agentes federales cuando lleguen con las órdenes de detención.

Clima de terror para activistas en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Mensajes de odio e intimidatorios y amenazas de muerte contra él y su familia son las secuelas que sufre Raymundo Ramos Vázquez por denunciar casos relacionados con abusos cometidos por soldados y marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), única organización de su tipo activa en la ciudad fronteriza, Ramos Vázquez está en riesgo permanente desde 2011 por atreverse a representar a víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, y se considera a sí mismo como un ejemplo de lo que puede ocurrir con otros defensores en caso de que se concrete la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar poder a las fuerzas federales para asumir tareas de seguridad pública.

Red Compartida: el nuevo escándalo que enloda al peñanietismo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Por si no le faltaran escándalos y acusaciones de corrupción y prácticas ilegales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pasado 20 de diciembre un alto directivo de la consultora estadunidense Deloitte declaró ante una corte de Virginia que la licitación de la Red Compartida, el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones del gobierno mexicano, está manchada por el interés de adjudicarle desde el principio a una sola empresa este plan de asociación público-privada que representará una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.

Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que en 2015 la SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Ese año Haan recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para que “ayudara” a que la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande (CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio Altán, y se evitara el concurso internacional.