CUERNAVACA, MOR. (proceso).- El pasado lunes 12, el comisionado de Seguridad de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, puso su renuncia sobre la mesa del gobernador Graco Ramírez. Estaba harto de “la clase política”, asentó, de sus “ánimos revanchistas” y las “enemistades” que tornan aún más complicado el combate al crimen.

El documento fue filtrado alrededor de las siete de la noche por un funcionario de alto nivel del gobierno de Ramírez. Mientras la carta circulaba en las redes sociales y los periodistas buscaban la confirmación, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Mando Único entraron en crisis.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Los grupos de la delincuencia organizada se apoderan del mar: ahora reclutan pescadores, a quienes alejan de la pesca para convertirlos en “abastecedores” de alimentos y combustible de las embarcaciones que, cargadas de droga, cruzan las aguas mexicanas hacia Estados Unidos.

Otra actividad que tiene abatidas a las personas que aún se dedican a la pesca es la de los “piratas”, aquellos que simulan ser pescadores cuando en realidad se dedican a recoger los contenedores de droga –cargamentos destinados al mercado nacional– tirados al mar desde el aire. Estos piratas además asaltan a los pescadores, roban su pesca y los despojan de los motores de las pequeñas embarcaciones.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Por realizar ilegalmente oscuros y multimillonarios negocios con el culto guadalupano, a través de dos fraudulentas fundaciones eclesiásticas, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de “simulación” y “declaración con falsedad ante autoridades”.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Los paraísos fiscales y bancarios enriquecen a una porción ínfima de la humanidad y despojan a los Estados de entre 100 mil millones y 240 mil millones de dólares cada año, agravan la desigualdad y fomentan las actividades criminales. Sus beneficios para la población son nulos, en comparación con los daños que provocan. Deben desaparecer.

Tales son los planteamientos de dos informes que se basan en los datos revelados por Panamá Papers y BahamasLeaks, las dos investigaciones globales que coordinó este año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en las cuales participó Proceso.

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El martes 8 fue detenido el empresario coahuilense Luis Carlos Castillo Cervantes en McAllen, Texas. Relacionado con exgobernadores priistas y funcionarios de Estados Unidos, la Corte del Distrito del Sur de ese estado lo acusa de fraude bancario, posesión de fondos robados, soborno a un funcionario público, malversación, robo y desfalco de fondos públicos, cometidos entre 2006 y 2014.

De entrada, las autoridades le confiscaron 36 millones de dólares y el Learjet matrícula N134CG.

CHILPANCINGO, GRO. (proceso).- Desde finales de octubre pasado, los grupos de autodefensa Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) sostienen un conflicto armado por el control de los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero.

Esos grupos proliferaron durante la gubernatura de Ángel Aguirre y ahora tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, donde ya desplazaron a las autoridades de los tres niveles para asumir funciones de seguridad.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- La investigación abierta sobre la actuación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en el caso Ayotzinapa, evidencia la debilidad de la “verdad histórica” esgrimida por esa instancia para cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos; y las irregularidades denunciadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ponen “en riesgo la validez del cúmulo de actuaciones” del proceso judicial contra los presuntos autores materiales de la supuesta cremación de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.

A siete meses de que en la presentación de su último informe los integrantes del GIEI denunciaran a Zerón por haber encabezado diligencias ministeriales –el 28 de octubre de 2014– que no fueron consignadas en el expediente por la desaparición de los normalistas y encaminadas a sostener la hipótesis oficial, Proceso accedió al Acuerdo de Conclusión de la indagatoria realizada por la Visitaduría General de la PGR, bajo la responsabilidad de César Alejandro Chávez, quien fue removido del cargo antes de poder presentar el documento a los padres de los estudiantes.

ATENCIÓN SUSCRIPTORES:

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Nombrado sucesor de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch tiene una historia vinculada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por lo menos a quienes las autoridades han identificado como los presuntos responsables de la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una resolución judicial a favor de Sidronio Casarrubias Salgado –a quien la PGR ha presentado como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, grupo criminal al que la oficialista “verdad histórica” achaca la desaparición de los jóvenes– advierte sobre el contacto que presuntamente tuvo el indiciado con el ahora director de la AIC, quien en 2014 fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Ante su fracaso en la localización de las 30 mil personas desaparecidas en el país y las dificultades para conocer la identidad de las que tiene como no identificadas, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a firmar un convenio carente de sustento legal. Ahora, esta última instancia deberá “compartir” las bases de datos personales de los 83.5 millones de ciudadanos de su padrón a las procuradurías.

No obstante, entre el personal de la dependencia electoral existe la preocupación de que a través del Convenio de colaboración que establece mecanismos para compartir información de las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, firmado el pasado 6 de septiembre por la PGR, las procuradurías, fiscalías y servicios médicos forenses estatales y el INE, la PGR también solicite datos sobre personas que está persiguiendo.