CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto doblegó a los sindicatos charros, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al exsecretario del Trabajo Javier Lozano, que buscaban modificar la iniciativa de reforma laboral que el propio jefe del Poder Ejecutivo presentó.

Así, el jueves 13 la propuesta legislativa fue aprobada prácticamente como la envió la Presidencia: se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se fomenta la libre sindicalización, se da un paso para abolir los sindicatos blancos y se regulan los llamados contratos de protección.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El Estado de México, la entidad natal del presidente Enrique Peña Nieto y la que gobernó antes de lanzarse por la Presidencia de la República, es donde se cometen más crímenes contra mujeres y está bajo el escrutinio internacional después de que dos mexicanas y una española fueron encontradas muertas en su territorio.

Luego de una lucha jurídica de cinco años y medio, en julio de 2015 un juez obligó a la Secretaría de Gobernación a poner en marcha la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ese estado, el primero del país donde se implantó la medida. Le siguieron Morelos, Michoacán y Nayarit.

GUADALAJARA, Jal. (proceso).- En los paquetes que el exmilitar Luis Homero Águila dejó en la redacción de Proceso Jalisco la noche del 13 de septiembre, el día antes de que tiroteara a cuatro empleadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), había un disco compacto que contenía dos archivos. Cada uno contiene entrevistas a un par de exmilitares que exponen la corrupción y los abusos que vivieron en su paso por las Fuerzas Armadas.

Águila, quien fue abatido por policías investigadores al interior de las instalaciones de la FGE después de su atentado, llevaba años señalando que en el Ejército se habían cometido injusticias contra él. Lo expuso por todos los medios a su alcance, pero también lo hizo formalmente en sendos escritos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a organismos de derechos humanos desde 1991 hasta el mes pasado.

Rafael Croda y Patricia Mayorga

BOGOTÁ (proceso).- A dos años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela Buitrago sostiene que no hay voluntad institucional del gobierno mexicano para esclarecer ese crimen.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- La noche del 26 de septiembre de 2014, durante el primer ataque a los normalistas de Ayotzinapa en la calle Juan N. Álvarez, el 27 Batallón de Infantería tenía “el mando y control” en Iguala. Poco después desaparecieron los 43 estudiantes.

El expediente judicial de la causa penal 100/2014, que incluye el testimonio de César Nava González, subcomandante de la Policía Municipal de Cocula, ante el Primer Juzgado de Distrito en materia de procesos penales federales con sede en Tamaulipas en diciembre de 2015, avala esa versión.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los hallazgos de las decenas de cementerios clandestinos en varios municipios de Veracruz enturbian cada día más al gobierno del priista Javier Duarte, quien entregará el poder el próximo 1 de diciembre al panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En las últimas semanas, los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, que aglutina a madres de desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, descubrieron 81 fosas tanto en Xalapa como en el puerto jarocho.

Jorge Carrasco A. y Patricia Dávila

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Con el movimiento de Tomás Zerón de Lucio, el presidente Enrique Peña Nieto hizo más que defender la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: se aseguró información de seguridad e inteligencia de primera mano, sin depender únicamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El mismo día de la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de Televisa, el pasado viernes 19, Joaquín López Dóriga recibió un regalo especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF): el Ministerio Público capitalino consideró procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de “tentativa de extorsión” en contra de su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, y otros involucrados en la demanda interpuesta por la inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción ­Aramburuzabala.

La resolución de la PGJDF, cuya copia obtuvo Proceso, consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicado en la calle Rubén Darío número 223, de la Colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.