GUADALARA, Jal. (proceso).- Cuando la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara dio a conocer que los policías municipales ya no someterían a la ciudadanía a las oprobiosas revisiones, cateos e intimidaciones durante sus rondines, muchos tapatíos respiraron tranquilos. Pero el efecto duró pocas semanas, pues las viejas prácticas retornaron desde principios de año.
De entonces a la fecha, Cuauhtémoc Urbina Miranda, el dirigente de Unión Diversa de Jalisco, una organización Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) que desde hace dos años promueve la Marcha por el Orgullo GDL, y varios de sus organizadores han sido detenidos una docena de veces por los uniformados dentro y fuera de las oficinas de la organización.

BOGOTÁ (proceso).- La exfiscal colombiana Ángela Buitrago creía que los furiosos ataques de la extrema derecha colombiana dirigidos en su contra la década pasada –por investigar a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos– le habían dejado la piel lo suficientemente dura.

Pero su trabajo durante 13 meses en México como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno al caso Ayotzinapa le demostró que no era así; supo también que sus investigaciones podían desatar reacciones aún más virulentas que las que enfrentó en Colombia.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El negocio millonario que representa para los gobiernos estatales y el federal la venta de equipos de espionaje y vigilancia permite a los abastecedores armar estructuras offshore para depositar su dinero en la secrecía de los paraísos bancarios.

Los dueños de Balam Security y familiares del fundador de Obses utilizaron al despacho panameño Mossack Fonseca para incorporar sociedades de papel en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, así como fideicomisos en Nueva Zelanda. Durante los últimos dos sexenios, ambas empresas vendieron material de alta tecnología al Ejército y a las autoridades mexicanas de seguridad.

Jorge Carrasco A. y Juan Carlos Cruz

ACAPULCO, Gro. (proceso).- La calle central de la colonia Renacimiento nada tiene que ver con la costera Miguel Alemán. Aquí el aire es seco y los árboles son tan escasos como los turistas después de una balacera. Es el otro Acapulco, insalubre, pobre y marginado, donde apenas se oculta el sol la gente se refugia en sus casas ante el peligro de ser presa de sicarios o halcones.

Todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco son campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios a las órdenes de alguno de los cárteles locales. La ciudad tiene el primer lugar en el cuadro de terror de todo el país con 312 desaparecidos en 2015. Los números rojos de asesinatos se volvieron ultravioletas desde 2012, cuando empezó a disputar el primer sitio en ese rubro con Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez o Ecatepec. El año pasado Acapulco fue considerada la segunda ciudad más peligrosa del mundo, con casi mil 200 asesinatos.

LAGO DE GUADALUPE, Edomex. (proceso).- La propuesta del episcopado mexicano –inspirada en el modelo de la Iglesia de Colombia– de que la mejor manera de contener la violencia es mediante el diálogo, el perdón y “la reconciliación entre víctimas y victimarios” ya traspasó el ámbito eclesiástico y ahora permea en instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales la ven como una alternativa viable ante el fracaso del modelo represivo del gobierno federal.

Varias universidades y organizaciones civiles imparten cursos, talleres y diplomados en “Violencia y reconciliación”, “Cultura de paz y perdón” o “Violencia y paz”. Este novedoso fenómeno se enmarca en lo que se conoce como “las pedagogías del perdón y la reconciliación” que están teniendo mucha demanda en México.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- “A sí se empieza… y se termina en dictaduras militares; no se juega con las armas”, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido de Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como inviolables.

Exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla, Bartlett intentó infructuosamente, junto con el senador Alejandro Encinas, que se aprobara una “moción suspensiva” a esas reformas aprobadas el 21 de abril en la Cámara de Diputados en medio de un escándalo por la modificación, “en lo oscurito”, del dictamen, que fue avalado sin modificaciones por el Senado el último día de sesiones del periodo ordinario.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

WASHINGTON (proceso).- No –le dice la CIDH al gobierno de Enrique Peña Nieto–; no es prerrogativa de la Secretaría de Gobernación decidir si amplía o termina la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

“No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA.