CUERNAVACA, Mor., (proceso).- Cuando Graco Ramírez tomó posesión del gobierno de Morelos, en 2012, afirmó que en 18 meses controlaría la situación de violencia y descomposición social que azota a la entidad desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea. Hoy, sin embargo, aquí se vive una severa crisis política, social y de seguridad que se agravó el sábado 2, cuando la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio por un comando de sicarios, apenas un día después de haber asumido el cargo.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Las Brisas, en Cuernavaca, Morelos se convirtió en una plaza que se disputan Los Rojos y Guerreros Unidos, grupos criminales que ahora controlan 14 de los 33 municipios de la entidad.

Investigaciones Zeta

DESIERTO DE ALTAR, Son (proceso).– La guerra contra el narcotráfico en Sonora –una de las entidades de mayor incidencia de delitos federales– se ha convertido en un problema tan difícil para las autoridades mexicanas que sus pares estadunidenses han ofrecido ayuda para reforzar sus programas y acciones de inteligencia.

MÉXICO, D.F., (proceso).- A menos de una semana de su entrada en vigor, la ley del derecho de réplica está en medio de la controversia judicial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise “los vicios constitucionales” de su contenido. Sin embargo, una juez federal avaló su aplicación inmediata para favorecer el “orden público y el interés de la sociedad”.

La discusión respecto a los alcances de la ley se originó cuando la revista Proceso interpuso un amparo, el mismo día en que entró en vigor, el viernes 4, por considerar que atenta contra la libertad de expresión y de información. El semanario solicitó a la justicia federal que suspendiera su aplicación hasta que se resolviera lo que describe como violaciones constitucionales.

MÉXICO, D.F., (proceso).- Con ayuda de diversos peritos, este semanario detectó que los dictámenes sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fueron “arreglados” por la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la “verdad histórica” que anunció el entonces titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam.

Además de dictámenes alterados, observaron una serie de irregularidades en el llenado de las cadenas de custodia, lo que contraviene el Acuerdo A/00/2010 de la PGR (sobre protocolos periciales), pues se violó el principio de mismidad; es decir, los indicios recolectados no reúnen requisitos de integridad, conservación, inalterabilidad, naturalidad y originalidad.

MÉXICO, D.F., (proceso).- En un juego de simulaciones, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró por lo menos un voto más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ayudará a evitar descalabros en el tribunal constitucional en la segunda mitad de su gobierno.

El jueves 10, el Senado designó al exprocurador fiscal Javier Laynez Potisek y a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández como ministros para los próximos 15 años, en un proceso en el que la idoneidad para el cargo fue lo de menos.

CHILPANCINGO, Gro., (proceso).- La crisis político-social y la ola de violencia continúan en el estado, a unos días de la elección extraordinaria en la presidencia municipal de Tixtla, que se realizará el próximo domingo 29.

A la conmoción y las reacciones generadas durante más de un año por el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sumó la semana pasada la brutal golpiza con que culminó un operativo de agentes federales y estatales para frustrar el secuestro de una pipa cargada de combustible.

México, D.F. (proceso).- El movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos.

Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F., (proceso).- El atentado contra el exgobernador de Colima Fernando Moreno Peña, jefe del grupo político local más poderoso en las últimas décadas, ocurrió en un momento de vacío de poder en la entidad, derivado de la inminente sucesión en el gobierno estatal, y en el contexto de una disputa de cárteles del narcotráfico por el control del puerto de Manzanillo.

Cabeza del Grupo Universidad, rector de esa institución educativa de 1989 a 1997 y gobernador de Colima de 1997 a 2003, Moreno Peña fue marginado del poder durante los gobiernos de Silverio Cavazos Ceballos y Mario Anguiano Moreno; pero el triunfo de José Ignacio Peralta Sánchez en la reciente elección de gobernador –cuya validación se espera por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– ha sido visto localmente como el retorno del “fernandismo” al poder.