Todos supieron lo que estaba ocurriendo

MÉXICO, D.F., (proceso).- Las secretarías de Gobernación y de la Defensa, así como la Policía Federal –y eventualmente hasta la Presidencia de la República–, supieron desde la misma noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Incluso militares y policías federales negaron, en esos momentos, su apoyo al gobierno de Guerrero.

Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.

Sus propios peritajes desmienten a la PGR  

MÉXICO, D.F., (proceso).- El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), difundió a través de los medios la hipótesis de que los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre anterior, fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.

Para ello, sus asesinos habrían utilizado acelerantes de fuego, como diésel o gasolina.

Se le escurrió de las manos a la Marina  

J. Jesús Esquivel y Patricia Dávila

WASHINGTON (proceso).– Desde que se fugó del penal de El Altiplano, el 11 de julio pasado, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, encabezadas por la Drug Enforcement Administration (DEA), han utilizado la tecnología de rastreo y de interceptación de comunicaciones más avanzada para ubicar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, a quien detectaron en un rancho en la sierra de Durango hace dos semanas.

FUGA DEL “CHAPO”: LOS CUSTODIOS DESARMAN LA VERSIÓN OFICIAL

MÉXICO, D.F., 3 de octubre (apro).- Las declaraciones de 13 de los custodios y encargados del monitoreo de presos en el penal de El Altiplano acusados del delito de evasión por la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, ocurrida el 11 de julio, muestran paso a paso lo ocurrido esa noche en el penal de máxima seguridad y lo que las autoridades federales han ocultado.

Los testimonios señalan las fallas de la penitenciaría, como el hecho de que el sistema geofónico –que detecta ruidos en el piso– no funcionaba desde hace un año y dos meses; que 30% de las cámaras de vigilancia perimetral estaban descompuestas; que los monitores se pasman, y que a los custodios les dieron a leer el protocolo de actuación… un mes después de la fuga.

LA GUERRA SUCIA SÍ VA A JUICIO

MEXICO, DF, 26 de septiembre (proceso).- Después de una ardua batalla legal contra la Procuraduría General de la República (PGR), Martha Camacho Loaiza logró que el Poder Judicial de la Federación la reconociera como víctima de “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la guerra sucia de la década de los setenta y ordenara a la dependencia encabezada por Arely Gómez reabrir el expediente integrado por la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), desaparecida en 2006.

En la resolución 209/2014, referente a la revisión de un juicio de amparo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a la PGR considerar como crímenes de lesa humanidad los abusos de agentes del Estado cometidos en contra de Camacho Loaiza y su primer esposo, José Manuel Alapizco, en el contexto de “un ataque sistemático” por ser integrantes “de un grupo subversivo denominado Liga Comunista 23 de Septiembre”.

EL NARCO RONDA, PERO MANCERA CIERRA LOS OJOS

MEXICO, DF, 26 de septiembre (proceso).- El miércoles 9, a las 23:30 horas, en la capital del país aparecieron tres cartulinas firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ellas, el grupo criminal asentó que viene “por la plaza” y advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que “no se meta” y que “cumpla”.

Además, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) les espetó que, “si no quieren más muertos”, dejen trabajar al grupo criminal.

ANTE LA FUGA DEL “CHAPO”, SON INTOCABLES LOS AMIGOS DE OSORIO CHONG

MEXICO, DF, 26 de septiembre (proceso).- El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal de El Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.

El control de este grupo llega hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.

ORTEGA: “LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL ERA ARRASAR LA NORMAL”

ACAPULCO, Gro., 26 de septiembre (proceso).- El pasado diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sin importar que ello significara una matanza.

Así lo dice a Proceso el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Sostiene que se opuso al planteamiento de tomar la escuela rural por la fuerza, propuesto desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

CUANDO EL MICRÓFONO TIENE PRECIO

MEXICO, DF, 26 de septiembre (proceso).- La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…

El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.