Panama Papers”: el pasaporte de Lozoya en los archivos de Mossack Fonseca

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- En abril de 2011 el despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la incorporación de sociedades offshore, hizo los trámites para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte en el banco panameño Prival Bank a nombre de Balerg Associates Inc., una sociedad de papel con sede en Panamá.

Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.

La Presidencia ignoraba la investigación de la OFAC

 

WASHINGTON (proceso).- Desde mediados de 2016 el gobierno de Estados Unidos compartía con el de México el expediente criminal de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante y lavador de dinero. Y aunque el documento incluye los nombres del futbolista Rafael Márquez Álvarez y del cantante Julión Álvarez, en Los Pinos presuntamente no estaban enterados del caso.

Las observaciones de la ASF que la SCT ignoró…

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- No era una obra caprichosa. Ni de relumbrón.

El Paso Exprés de Cuernavaca había sido una demanda ciudadana para acabar con el problema de los embotellamientos cotidianos que padecían los habitantes de la capital morelense y quienes necesitaban trasladarse –incluidos los paseantes– a Chilpancingo, Acapulco o a la Ciudad de México.

Negocios turbios y tráfico de influencias, el sello en la SCT

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- A Gerardo Ruiz Esparza, hombre de los grandes negocios con el corporativo español OHL, Grupo Higa, la familia San Román y las empresas Aldesa, Gutsa, Altán y Alstom, nadie lo mueve.

Pese a sus errores, los escandalosos sobreprecios en decenas de licitaciones que ha organizado, las evidencias de presunta corrupción en su trayectoria profesional, sus declaraciones ante los accidentes trágicos como el del miércoles 12 en el Paso Exprés de Cuernavaca, sigue al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –a la cual llegó el 1 de diciembre de 2012–, apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los chilenos Escobar y Palma,  una pareja letal

VALPARAÍSO, CHILE (proceso).– Los chilenos mencionados por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato como presuntos miembros de una banda internacional de secuestradores liderada por Raúl Escobar Poblete, Comandante Emilio –capturado el 30 de mayo pasado–, formaron parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Se trata de Silvia Paulina Brzovic Pérez, alias Natalia –quien fue miembro del comando que secuestró a Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, el 9 de septiembre de 1991–, Marcela Mardones Rojas –pareja de Escobar Poblete– y Ricardo Palma Salamanca.

La PGR busca a etarras tras el “Comandante Emilio”

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (proceso).- Desde la puerta abierta, tras una reja se ve la estancia del pequeño departamento de la calle Azucena 22, fraccionamiento La Vista Plus II, en la carretera a Dolores Hidalgo. Según la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guanajuato, aquí permaneció secuestrada durante dos meses y medio la ciudadana francoestadunidense Nancy Michel Kendal.

Hay cuatro muebles: una cama con las cobijas revueltas, una mesa azul con envoltorios de medicamentos, una silla y un librero con sólo un rollo de papel sanitario. En la reja exterior tiene sellos de aseguramiento.

 Los Moreira, denunciados ante la Corte Penal Internacional

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.

La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo al menos de otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).