Jesusa Cervantes y Jorge Carrasco
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Dos semanas antes del enfrentamiento entre militares y habitantes de Quecholac, Puebla, que dejó ocho muertos, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había iniciado la revisión a las gasolineras del llamado “Triángulo Rojo” para detectar la posible venta de hidrocarburo robado.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Todavía no ha sido puesto en operación de manera completa el nuevo sistema de justicia penal y los gobernadores de todo el país ya quieren reformarlo, porque le achacan el aumento de la inseguridad en México.
Pero detrás de su pretensión está el incumplimiento de los gobiernos estatales y federal para capacitar a los policías, ministerios públicos, defensores públicos, personal penitenciario y todos los operadores del nuevo modelo, pese a los millonarios recursos que recibieron y que tuvieron ocho años para hacerlo.
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CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Alejada de actos de fiscalización administrativa y asumiendo un papel de benefactora, la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una “caja chica” mediante la cual distribuye de manera discrecional recursos a los 32 gobiernos estatales, el más afortunado de los cuales es, curiosamente, el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo domingo 4 de junio.
Aun cuando esa entidad no alberga instalaciones petroleras, ha recibido de Pemex 521 millones 144 mil 507 pesos en los últimos cuatro años bajo el rubro de Donativos y Donaciones.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El viernes 12, una vez que José Manuel Mireles Valverde salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Tepic, Nayarit, el exjefe de las autodefensas armadas anunció que mantendrá su lucha, pero de manera pacífica.
En declaraciones que se difundieron el mismo día de su salida, Mireles precisó que estuvo preso por decir lo que pensaba, no por hacer las cosas que decía, y anunció que su lucha tendrá que continuar, pero sin armas:
PALMARITO TOCHAPAN, PUE. (proceso).- El enfrentamiento de huachicoleros con tropas del Ejército la noche del 3 y la madrugada del jueves 4 en esta localidad puso en entredicho la actuación de la milicia en el combate al crimen organizado. Tras la refriega, en la que murieron cuatro militares y seis civiles, el presidente Enrique Peña Nieto envió más de 2 mil soldados a la zona conocida como Triángulo Rojo, la de mayor incidencia en el robo de combustibles en el país.
La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.
CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto puso al militar de sus confianzas, Eduardo León Trauwitz, al frente de la seguridad de Pemex. Jefe de escoltas de Peña desde el Estado de México, el ahora general ha tenido grandes beneficios en este sexenio: ascendió de grado militar más pronto que sus contemporáneos, amplió la influencia de su oficina en la empresa pública y obtuvo una fuerza de 2 mil 500 elementos del Ejército y la Marina para su principal tarea, la vigilancia de los ductos de gasolina.
Aunque no es el primer jefe castrense a cargo de la seguridad de las instalaciones de Pemex, el general León Trauwitz ha sido el principal encargado de combatir la “ordeña” de combustible, que viene desde el gobierno de Felipe Calderón pero que se ha agravado en el de Peña Nieto.
MUJERES EN PROCESO / Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta / CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Datos del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad revelan omisiones e injustica, así como un subregistro en casos de violación al no denunciarse, en parte por el trato que se da a las mujeres en los Ministerios Públicos y el nulo acceso a la justicia.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La defensora de derechos humanos Alma Barraza Gómez ha sufrido cinco agresiones en los últimos meses, cada vez más intimidatorias. El 31 de enero pasado desapareció uno de sus hermanos y el 22 de marzo último por la noche murió uno de sus escoltas, Rogelio Hernández López, cuando intentaron secuestrarla. Barraza decidió salir de Sinaloa, su entidad natal.
Desde su refugio temporal, la defensora de comuneros despojados de sus territorios para la construcción de la presa Picachos en esa entidad narra lo que le ocurrió hace un mes: