CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Dejaron pasar más de tres semanas de trabajos en comisiones unidas, se congratularon por la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley3de3 y avalada por más de 600 mil firmas– y dejaron correr la discusión legislativa en la modalidad de parlamento abierto para eliminar las “negociaciones en lo oscurito”, pero el pasado 21 de abril el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, le dio la estocada al paquete de siete leyes anticorrupción en el Senado: señaló que la Ley3de3 podría desatar una “cacería de brujas”.

“Hay un artículo por ahí que dice que cualquier hombre o mujer que denuncie algo especial de su vecino se quedaría con el 10% de una comisión. Me parece que esto va a desatar una cacería de brujas”, afirmó Gamboa Patrón en conferencia de prensa.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Este lunes 4, el Instituto Nacional Electoral (INE) llega a su segundo aniversario como órgano rector de la vida electoral del país en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), que lo fue durante casi 24 años, entre 1990 y 2014.

Pero lo hace en medio de “un país cruzado por graves problemas estructurales, de pobreza, desigualdad social, discriminación, corrupción, impunidad, inseguridad y todos aquellos que, parafraseando a Andrés Molina Enríquez –abogado y sociólogo mexiquense (1868-1940)–, son Los grandes problemas nacionales”, como tituló el libro que publicó en 1908.

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- “Aquí estoy haciendo confesiones que quizá no debería hacer, pero la causa me lo pide”, razonó Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, en una reunión privada con empresarios, en la que advirtió que la reforma educativa “se diluye” por las ambiciones del secretario de Educación, Aurelio Nuño, al que identifica como “el delfín del presidente” Enrique Peña Nieto.

“Estamos entrando a una etapa de populismo educativo”, expuso ante miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), a quienes alertó sobre “la amenaza de que la política se inmiscuya muy fuertemente en lo educativo por las ambiciones políticas de Aurelio Nuño”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En medio de dos crisis, la petrolera, que presagia el fracaso del sector energético, y la sanitaria, que amenaza amplias regiones del país conforme se acerca la primavera, el presidente Enrique Peña Nieto ajustó su gabinete y expulsó a algunos de quienes lo acompañaban desde el inicio del sexenio: Emilio Lozoya Austin, hasta el lunes 8 director de Petróleos Mexicanos (Pemex); y la ahora extitular de la Secretaría de Salud (Ssa), Mercedes Juan López.

La tarde del lunes 8, Peña Nieto dio posesión de la Dirección de Pemex a José Antonio González Anaya, quien hasta entonces era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nombrando para encabezar esta institución a Mikel Arriola Peñalosa, quien desde el sexenio pasado se desempeñaba como titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Desde que se anunció que el Papa Francisco visitaría México, la gran duda fue si decidiría pronunciarse respecto de las desapariciones forzadas en México y se reuniría con los familiares de las víctimas –particularmente los padres de los normalistas de Ayotzinapa– o si optaría por rechazar este encuentro para ajustarse al libreto que quiere el gobierno de Enrique Peña Nieto: que pronuncie discursos que hablen de pobreza, violencia, inseguridad y corrupción en términos muy generales y sin aterrizarlos en la realidad mexicana.

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica dada a conocer días antes de la llegada del Pontífice, la mayoría de la población mexicana, 63.7%, consideraba que Francisco debía reunirse con los padres de Ayotzinapa, porque en este momento ellos representan el sufrimiento de las víctimas de la violencia en México.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Al admitir a trámite dos amparos interpuestos por Grupo Financiero Interacciones –que preside el magnate priista Carlos Hank Rhon–, el Poder Judicial de la Federación puso en juego el derecho de los ciudadanos a conocer a detalle el monto de las deudas contratadas por los tres niveles de gobierno.

Interacciones dobló a los juzgadores Martín Adolfo Santos Pérez y Juan Pablo Gómez Fierro, cuya decisión de analizar la constitucionalidad del derecho de acceso a los contratos de bancos con gobiernos se dio después de la alerta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por los altos montos de deuda contratados en 10 entidades federativas.

BOGOTÁ (proceso).- La exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa–, asegura ser víctima de una campaña de desprestigio similar a la que sufrió en Colombia cuando llevó a juicio a altos mandos del ejército.

Doctora en derecho y en sociología, maestra en ciencias criminológicas, Buitrago desconoce quién impulsa esa campaña, pero ubica como parte de ella al abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización no gubernamental Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal:

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Una compleja maquinación eclesiástica y política, protagonizada por la Arquidiócesis de México y el gobierno del Estado de México, se urdió detrás de la historia de telenovela del noviazgo y la boda entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera para anular en 2009 la boda entre la actriz de Televisa y el productor de la misma compañía José Alberto El Güero Castro, realizada cinco años atrás en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Calificada entonces como “la boda del año” con base en un plan mediático que fue paciente y cuidadosamente calculado por Televisa y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, el enlace religioso jugó un papel fundamental para la llegada de Peña Nieto a la Presidencia.

MÉXICO, D.F., (proceso).- Siete meses después de que Estados Unidos solicitó a México la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la administración de Enrique Peña Nieto no ha iniciado el proceso jurídico correspondiente, aunque pudo haberlo tramitado desde mayo último. Su envío al vecino país podría tardar hasta un año, a menos que el presidente lo considere “caso excepcional” y lo entregue sin más a quien lo reclama.

Mientras el gobierno federal analiza las posibilidades, Juan Pablo Badillo Soto, abogado de Guzmán Loera, puede tramitar nuevos amparos y retrasar más el proceso judicial para la extradición, pues su objetivo es evitar que se concrete uno de los mayores temores del sinaloense: ser extraditado, revela a Proceso el propio litigante.

MÉXICO, D.F., (proceso).- Reparada la afrenta, el presidente Enrique Peña Nieto debe responder ahora a la petición estadunidense de entregarle a Joaquín El Chapo Guzmán. Cuándo y cómo lo hará, no se sabe. La recaptura, sin embargo, mantiene intacta la responsabilidad que desde su gobierno facilitó hace casi medio año la fuga y exhibió a México ante el mundo.

El presidente calificó entonces el escape como una “burla y un desafío” para su gobierno. La afrenta terminó el viernes 8, cuando la Policía Federal y la Marina reaprehendieron al jefe del Cártel de Sinaloa en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, en una acción en la que el gobierno no escatimó en autoelogios y evitó toda referencia a cualquier colaboración estadunidense.