MÉXICO, D.F., (proceso).- Hace una década Alberto Bailleres González empezó a abandonar la casi mítica oscuridad que caracterizaba su trayectoria, para publicar sus impresiones en un libro (Visión de país: de la pobreza a la prosperidad para todos), aparecer en muy exclusivos foros y pronunciar discursos ante las élites del medio académico, empresarial y político. La ocasión más reciente, para recibir la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

Se trata del mayor reconocimiento que el Estado otorga a sus ciudadanos “para premiar a los hombres y mujeres mexicanas que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la Patria o de la Humanidad”, según el decreto de creación de la medalla, expedido el 3 de enero de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

MÉXICO, D.F., (proceso).- El mandato “desde Los Pinos” para otorgar la medalla Belisario Domínguez al multimillonario Alberto Bailleres González fue deslucido de principio a fin: por primera vez desde que el Senado creó la presea, hace seis décadas, se rompió la unanimidad; sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores.

Pero sucedió algo peor: en el Senado se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrar al tercer hombre más rico de México, dueño de múltiples negocios y beneficiario de la privatización del petróleo, aprobada justamente por sus premiadores.

ELOY, ARIZONA (proceso).- En el Centro de Detención Migratorio Eloy, ubicado en este pequeño poblado homónimo de Arizona, las autoridades estadunidenses dan a los inmigrantes indocumentados un trato inhumano, como si fueran los peores y más desalmados criminales.

Quien denuncia lo anterior es Juan Miguel Cornejo. “A mí me castigaron por denunciar el trato que nos dan. Me trataron como al peor criminal, cuando yo no he cometido más que el delito de trabajar para buscar un futuro mejor para mi familia”, relata mientras abraza a su hija.

México, D.F. (proceso).- A unos meses de que se cumplan 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que Ernesto Zedillo desconoció, existen condiciones políticas y el compromiso expreso del presidente Enrique Peña Nieto para honrar ese pacto con los pueblos indígenas, que sufren la misma miseria que provocó la rebelión armada.

Al hacer este diagnóstico, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela que el año pasado el gobierno había encauzado el proceso de cumplimiento de esos acuerdos, pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa modificó los planes y ahora se pretende su relanzamiento.­

México, D.F. (proceso).- Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa, encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.

México, D.F. (proceso).- A los más de 1 millón de mexicanos que en los últimos ocho años se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, domicilios, tierras y animales a causa de la violencia, se sumaron en octubre de este año alrededor de 600 personas que experimentan una situación peculiar: han sido desplazadas también por la violencia, pero en este caso por la que ejerce la Secretaría de Marina-Armada de México: la Semar mantiene sitiadas las 13 poblaciones de la sierra de Durango en las que irrumpió el pasado 6 de octubre en busca del Chapo Guzmán.

La causa: que la dependencia acusa a los pobladores de esos sitios del municipio de Tamazula, Durango, de proteger al capo, y les impide regresar a sus hogares.

Diego Enrique Osorno

México, D.F. (aproceso).- Errores en la operación del “apagón analógico” en Monterrey, medida que estaba prevista para aplicarse el 24 de septiembre último en esa ciudad, dieron pie a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y en especial el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, emprendieran una campaña mediática y un intenso cabildeo legislativo para postergar la fecha límite –el próximo 31 de diciembre–, establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, para ordenar el cese de las transmisiones analógicas de televisión y realizar el “encendido digital”.

Dos meses y medio antes de ese plazo, el pasado 19 de octubre, la CIRT dejó de guardar silencio: señaló que el apagón de Monterrey no había sido exitoso, tal como lo habían anunciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).