El sancionado por la 4T que creció al amparo del foxismo

 

MADRID (proceso).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso una sanción resarcitoria que resulta histórica para un exfuncionario mexicano: 4 mil 200 millones de pesos e inhabilitación de 10 años. La penalización es contra José Manuel Carrera Panizzo por su responsabilidad como alto funcionario de Pemex cuando se efectuó la compra y capitalización de la planta Agronitrogenados.

La derecha empresarial alista su proyecto de nación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los patrones de México construyen su propio “Proyecto de nación de largo plazo”, alternativo al del presidente Andrés Manuel López Obrador, y han comenzado el reclutamiento de miles de “líderes” en el país para que, ante las elecciones intermedias de 2021 y en el futuro, “formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política”.

“Alternativa por México” se denomina el detallado plan de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que, además de impulsar el proyecto presidencial de su dirigente nacional, Gustavo de Hoyos, se propone reclutar en el país a 6 mil 600 ciudadanos, de los que surjan al menos mil 320 líderes que, tras ser seleccionados y capacitados, se conviertan en “agentes ciudadanos del cambio”.

Baja California: del conflicto político a la denuncia penal

MEXICALI, BC (proceso).– Baja California se convulsiona en una severa crisis política a partir de la aprobación de la “Ley Bonilla” en el Congreso local de mayoría panista, que junto a legisladores de otros siete partidos reformó en 30 minutos la Constitución Política del estado para ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien tomará posesión el próximo 1 de noviembre.

Y el viernes 19 fueron presentadas dos denuncias penales por el presunto delito de cohecho contra los 21 diputados que aprobaron la reforma 35 días después de los comicios locales.

Priistas contra el PRI

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las acusaciones de fraude, compra de votos y rebase de topes de campaña ya aparecieron en la contienda interna del PRI, en la cual el aspirante más señalado es Alejandro Moreno, a quien se acusa de ser el “candidato de la cúpula”.

La conflictiva situación ya originó fracturas en el PRI y más imputaciones a la actual dirigencia de Claudia Ruiz Massieu, así como a los 11 gobernadores priistas que manifestaron su apoyo al exmandatario Alejandro Moreno. A éstos, principalmente al mexiquense Alfredo del Mazo, se les señala de inflar el padrón con nuevos militantes “comprados” a favor de Moreno y de entregarle dinero.

Repudio generalizado a la “Ley Bonilla”

ENSENADA, BC. (Proceso).- La noche del lunes 8, a puerta cerrada, resguardados por elementos de seguridad y con cédulas de votación secreta, 21 diputados del Congreso de Baja California –integrado por 25 legisladores de ocho partidos, y con mayoría panista– aprobaron en sesión extraordinaria una reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, el morenista gobernador electo.

En esa sesión, después de aprobar por unanimidad la reforma, Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, fue nombrado auditor superior del estado, permanecerá en el cargo hasta 2026 y será quien audite los tres últimos años de gobierno del panista.

Podría quedarse nonato el nuevo hijo de Calderón y Zavala

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– Muy pronto Margarita Zavala y Felipe Calderón descubrieron que México Libre, el partido que construyen, no atrae multitudes: el 28 de abril ella no reunió ni la mitad de los 300 ciudadanos que como mínimo validarían la asamblea del distrito 3 de León, Guanajuato; él fue también desai­rado en Monterrey, Nuevo León, al convocar a la asamblea del distrito 6, el 5 de mayo, que fue otro fracaso.

Con la del hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México el domingo 9 –que apenas juntó a los 300 ciudadanos y fue festejada como si fuera la conquista del registro–, el matrimonio Zavala-Calderón sólo ha logrado realizar siete de 200 asambleas distritales, equivalentes a 3.5% del total que exige la ley.