CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se ha encargado de pagar los honorarios de los abogados que los efectivos de la desaparecida Policía Federal contrataron para finiquitar su retiro de la corporación.

El equipo de Enrique Carpizo Aguilar, representante de esos elementos –agrupados en el movimiento Policías con Dignidad, Valor y Justicia–, en cheques que la secretaría expide por separado, ha recibido cerca de 18% del total de la liquidación de cada trabajador. Por ese concepto, en tres meses la SSPC le ha pagado al equipo de abogados algo más de 140 millones de pesos, según exagentes federales en plática con Proceso.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la Policía Federal provocó la inconformidad entre los agentes capacitados en las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, áreas sensibles para la seguridad nacional. Miles de ellos decidieron no incorporarse a la Guardia Nacional (GN), lo que debilita aún más a la institución y aumenta el riesgo de que sean cooptados por la delincuencia organizada.

Ese capital humano desechado cuenta con entrenamiento y experiencia de campo, pues hay, entre otros, tiradores selectos, expertos en medicina táctica, paracaidistas, operadores aéreos de alto impacto, de operaciones subacuáticas, infiltración aérea, aseguramiento de laboratorios clandestinos y búsqueda, identificación y neutralización de artefactos explosivos improvisados.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador va. Bastaron 11 días efectivos para que Morena y el Ejecutivo federal operaran para obtener los votos necesarios (333) para sacar adelante la reforma constitucional que dará paso a ese controvertido cuerpo destinado a combatir al crimen organizado.

Y aun cuando la votación será el miércoles 16 en periodo extraordinario, desde la semana en que se discutió el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 –del 17 al 23 de diciembre–, Morena contaba con los votos suficientes para sacar adelante el proyecto.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- “No eludo mi responsabilidad; no tuvimos la información suficiente y en forma oportuna y, en consecuencia, no pudimos prevenirlo”, reconoce el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, en relación con el ataque que grupos porriles lanzaron contra estudiantes del CCH Azcapotzalco que realizaban una manifestación pacífica frente a la Torre de Rectoría.

“No sólo entiendo la indignación de los jóvenes y de todos los universitarios, también la comparto; es una preocupación común a todos. Quiero pedir una disculpa pública por la imposibilidad que tuvimos de poder contener una agresión externa como la del pasado lunes 3 de septiembre”, dice.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La protesta estudiantil que empezó como una chispa en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, se convirtió en un fuego encarnado en miles de universitarios que salieron de las aulas y protestaron frente a la Rectoría encabezada por Enrique Graue Wiechers, donde levantaron la voz exigiendo la erradicación de los grupos porriles de la UNAM.

No sólo eso, la consigna también fue atender el problema de la violencia que ha azotado a la universidad más prestigiada de América Latina y que ha cobrado la vida de estudiantes; la última víctima, la alumna del CCH Oriente, Miranda Mendoza Flores, quien fue secuestrada y calcinada, encontrada en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- De manera paralela a sus operaciones abiertas de combate a la delincuencia, el Ejército y la Marina han ocupado cada vez más espacios como jefes policiales en todo el país. Prácticamente no hay estado de la República intocado en la última década por soldados o marinos en tareas de seguridad pública vestidos de civil.
Al tiempo que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a las tropas que salieran a las calles para combatir a la delincuencia organizada, jefes y oficiales de las dos fuerzas han cambiado el uniforme militar por el de policías al ser designados como secretarios de seguridad pública estatales, directores de policía municipales, subdirectores o jefes operativos en ambos niveles de gobierno.