CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La disidencia de los sindicatos corporativos está desatada. Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, le exigen que cumpla su promesa de democratizar al sindicalismo corporativo porque tiene la “oportunidad única” de terminar con el charrismo.

Por ejemplo, desde que Carlos Salinas de Gortari privatizó Ferrocarriles Nacionales, los jubilados del gremio han acusado al líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores Morales, de aprovechar el proceso de liquidación para despojarlos de más de 30 mil millones de pesos que habían ahorrado desde 1932 en la sociedad mutualista Previsión Obrera.

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (proceso).- El moderador de la mesa lanza la pregunta que le instruyeron: “¿Cree que alguna persona obligada a cometer delito debe ser amnistiada?”

Su audiencia –medio centenar de víctimas de los delitos más crueles–alzar la mano para dar su opinión. En vez de eso evaden la pregunta y hablan del hijo torturado tres días por la policía o de la búsqueda de pesadilla del hijo desaparecido al que la autoridad dice que quemaron con diésel, o de cómo les fueron masacrando a la familia entera, y por más que las apuren a enfocar sus respuestas durante los tres minutos del tiempo del que disponen, ellas, las agraviadas, evaden responder a la hipotética pregunta.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El 9 de julio de 2014 el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) irrumpió en el escenario electoral. No había llegado a su cuarto aniversario cuando los comicios del 1 de julio lo convirtieron en una fuerza política sin precedente: ganó 52% de los votos en la elección presidencial, 55 de 128 senadores, 188 de los 500 diputados federales y mayoría en 18 de 26 congresos locales.

“Nuestra tarea es institucionalizar al partido, porque los partidos son como los niños, como una empresa que acaba de empezar o como una organización que inicia, que todavía está en construcción”, resume Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidente de Morena, en entrevista con Proceso.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto concentra las dos grandes tendencias que diversos expertos consideran los ejes de las relaciones entre medios de comunicación y poder político. Ello es así desde junio de 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas creó la primera Dirección de Publicidad y Propaganda: una relación de control político e informativo que en los últimos años se transformó en dispendio en propaganda e imagen gubernamentales canalizado a los medios que formaran parte del “consenso presidencial”.

La ambiciosa reforma jurídica que emprendió José López Portillo durante su gestión (1976-1982) para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos” murió el mismo día que él –el presidente de la “abundancia petrolera”– lanzó su invectiva contra Proceso: “No te pago para que me pegues”, para justificar un boicot publicitario.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno reducirá a la mitad los recursos en publicidad oficial fue bien recibido por quienes durante años han peleado por transparentarlos. Pero entre ellos hay un temor: que la centralización del gasto y de la comunicación social en la Presidencia terminen por reproducir la discrecionalidad con que las administraciones del PRI y del PAN han manejado esos recursos para controlar a los medios.

La herramienta actual para continuar este mismo esquema –que mantendrá su vigencia en el próximo gobierno– es la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría del PRI en la saliente legislatura y que entrará en vigor en enero de 2019. Esa ley terminó siendo conocida como Ley Chayote, porque legalizó el uso discrecional de la publicidad para premiar o castigar a los medios.