MEXICO, DF, 1 de agosto (proceso).- Es sorprendente que el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, considere replantear el proyecto hidráulico Monterrey VI a la Secretaría de Hacienda, tal como se lo pidió el presidente Enrique Peña Nieto, pues su eventual realización en los términos actuales automáticamente convertiría a aquél en cómplice de lo que puede ser el mayor acto de corrupción en la historia del estado.

Al proyecto se le hacen cinco grandes cuestionamientos: si realmente es la mejor solución para garantizar el abasto de agua del área metropolitana de Monterrey; el impacto ambiental que generará la solución del acueducto en la zona donde se extraerá el líquido, es decir la cuenca del río Pánuco y sus alrededores; la pertinencia del modelo de financiamiento adoptado, que lleva el costo de la obra a 62 mil millones de pesos pagaderos en 27 años; la falta de transparencia en la asignación del contrato a un consorcio donde el contratista favorito del presidente tiene una participación de 37%; y desde luego, la falta de recursos del gobierno estatal para poner su parte.