CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El día que el teniente de infantería José Guadalupe Orizaga y Guerra acudió a declarar sobre la tortura, incomunicación y retención ilegal de las que fue objeto durante cinco días por parte de agentes de la Policía Judicial Federal Militar (PJFM), se llevó una sorpresa: el fiscal castrense que le tomó la declaración, Luis Chagoya Meinguer, era el mismo que presenció las sesiones en las que fue vejado.
Era 2013 cuando el militar supo que estaba inmerso en un círculo de impunidad. Todo empezó el 30 de junio de 2011, cuando fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, un ingeniero morelense detenido el mes anterior por policías municipales de Cuernavaca.


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