SANTIAGO (proceso).– Sin mediar debate ni al amparo de ninguna ley, el presidente Sebastián Piñera determinó incorporar a las Fuerzas Armadas (FA) a las tareas de combate al narcotráfico. La decisión, de dudosa legalidad, se da cuando el ejército está cuestionado por delitos de corrupción que tienen en prisión a dos de sus excomandantes en jefe y que involucran a gran parte de la oficialidad.

Durante la ceremonia de Juramento a la Bandera, el martes 9 en la Escuela Militar, Piñera firmó el Decreto Supremo 256, que dispone que las FA (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) se sumen “con tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico”.