MÉRIDA, Yuc. (apro).- Obligado por un juez federal, el ministerio público consignó -tres años después de la denuncia del hecho – la carpeta de investigación sobre la alteración de documentos y falsificación de firmas en que incurrió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para cerrar expedientes.

Activistas del Equipo Indignación, uno de los colectivos defensores de los derechos humanos que denunciaron el caso y solicitaron el amparo de la justicia federal ante la inacción del ministerio público para investigarlo, recordaron que el fraudulento cierre del expediente se dio en dos casos graves.