CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A finales de enero de 2012, en plena precampaña presidencial del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó en un comunicado de prensa que tres exmandatarios de Tamaulipas eran investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se trataba de Manuel Cavazos Lerma, gobernador entre 1993 y 1999, que le dejó la estafeta a Tomás Yarrington y al sucesor de éste, Eugenio Hernández.
La PGR también le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que proporcionara “toda la información” sobre el registro de entradas y salidas del país de estos exgobernadores, de varios colaboradores suyos, sobre todo de quien fue procurador en la administración de Yarrington, Fernando Tomás Cayuela Villarreal, de la esposa de aquél, María Antonieta Morales Loo, y de sus hijos María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.


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