CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el pasado domingo 9 que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra exservidores públicos vinculados con el operativo Rápido y Furioso, que introdujo a México más de 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, incluyendo fusiles Barrett calibre .50 milímetros –de uso militar–, con el argumento de que servirían para indagar el tráfico ilegal de armamento entre ambos países.

Sin embargo, la FGR mantiene en su nómina a un funcionario que entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos. Se trata de José Ricardo Cabrera Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEDF).