CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Justo a mitad de la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la administración de Martí Batres publicó la reforma al Código Penal local que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito y la penaliza hasta con 20 años de prisión, con la opción de aumentar 50% más la sentencia si se comete para obtener beneficios económicos.

En un acto público para anunciar la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial de la CDMX y su entrada en vigor este miércoles 17, el jefe de gobierno destacó que el propósito de ésta es sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción de inmuebles o pisos adicionales fuera de la ley.