CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suspensión de actividades jurisdiccionales tomadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, entre otros órganos, violenta los derechos de los menores de edad, discapacitados, adultos mayores y demás personas en estado de vulnerabilidad, afirmó el abogado penalista Alejandro Donis Castro.

El litigante se percató de lo anterior después de haber querido presentar un amparo para proteger de la ley a una señora que fue desalojada de su domicilio, en Metepec, Estado de México, junto con sus hijas, por órdenes de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en medio de un litigio por divorcio.