MÉXICO, D.F., 23 de junio (apro).- Desde el inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto quiso desembarazarse del vínculo contractual con Televisa y TV Azteca, con las grandes empresas de radiodifusión y mostrarse como un primer mandatario priista que impulsaría una reforma profunda en telecomunicaciones y en medios.

A menos de tres años de distancia, la reforma legal devino en una contrarreforma: todos los avances que se lograron en el terreno de la reforma constitucional (incluir los derechos de las audiencias, determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un órgano autónomo para que el presidente no fuera el gran árbitro de las concesiones, avanzar en la convergencia y eliminar la brecha digital, entre otras) se transformaron, en la práctica, en retrocesos.