SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- La Procuraduría de Justicia del estado será obligada a reparar el daño ocasionado a un menor de edad que fue víctima de violación por parte del sacerdote Francisco Javier Castillo Ríos, cuyo delito permanece impune en parte debido a las omisiones y deficiente integración de la averiguación por parte de dos agentes del Ministerio Público especializados en delitos sexuales que tuvieron la investigación en sus manos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó emitir esta recomendación, que va dirigida al procurador Federico Garza Herrera, pero que determina señalar por negligentes en el manejo del caso a los agentes Irene Guadalupe Ayala Cerda y Miguel Ángel Trujillo Morales, ambos especializados en atención de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la PGJ estatal. Su negligencia permitió que se negara la orden de aprehensión y el posterior enjuiciamiento del clérigo.