MEXICO, DF (proceso).- Con la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno de Enrique Peña Nieto se prepara para cerrar el expediente de la fuga de julio de 2015, enfocado en empleados menores, mientras que la única funcionaria de la Secretaría de Gobernación acusada por el escape del narcotraficante sinaloense, Celina Oseguera Parra, ve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde están varios de sus excolaboradores, un camino hacia la prisión domiciliaria.

Aunque Gobernación asegura haber reforzado la seguridad dentro y fuera del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, adonde reingresó El Chapo el viernes 8 –el mismo del que se fugó seis meses atrás–, la institución está ahora en manos de un funcionario sin experiencia en penales de alta seguridad.